Nayarit. Los diputados integrantes de la 33 Legislatura local, que encabeza la legisladora Alba Cristal Espinoza Peña, del partido Morena –instituto con mayoría—, modificaron el Código Penal del Estado en materia de usurpación de identidad, para sancionar a funcionarios públicos que incurran en ese delito.

Los parlamentarios incluyeron, entre las 87 resoluciones realizaron durante el segundo periodo ordinario de sesiones, la reforma al Código Penal de tal forma que en el artículo 327 del ordenamiento se acotaron diversas agravantes relativos a transgresiones contra el patrimonio, la moral y el mismo derecho de identidad.

Una de las modificaciones estipula que a cualquier persona que proporcione información o datos a terceras personas para un fin ilícito se le impondrá una pena hasta de siete años de prisión, y una multa equivalente a hasta 500 unidades de medida y actualización (UMA).

En los casos de funcionarios públicos que faciliten la usurpación de identidad de una persona entregando datos personales aprovechándose de sus funciones, de su empleo, del parecido físico o similitud de la voz para cometer algún ilícito, se impondrán a los infractores sanciones de cuatro hasta nueve años de cárcel, y de 250 a 800 UMA de multa.

Otro cambio en el Código Penal implica al artículo 420, sobre el delito de encubrimiento por receptación, para garantizar el respeto al principio de presunción de la inocencia ante la adquisición de un vehículo. En esta misma resolución se señala que quien cometa el delito de encubrimiento por receptación será castigado hasta con 12 años de prisión.

El delito de encubrimiento por receptación sucede cuando alguien adquiere, posee, vende, enajena, empeña, traslada, recibe, oculta, suministra o trafica uno o más vehículos automotores robados o parte de éstos.