Ciudad de México. En los próximos cuatro años, Nacional Monte de Piedad puede entrar en un proceso de quiebra debido a las altas prestaciones que tienen los trabajadores en su Contrato Colectivo de Trabajo y por la baja actividad prendaria, que ha caído más de 50 por ciento en los últimos años, afirmó Javier de la Calle Pardo, director general de la institución.

En una conferencia citada este martes, el titular de la institución prendaria consideró que la salida más fácil y sana con la que se puede preservar el Monte de Piedad es concluir el actual Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) con el que cuentan los trabajadores sindicalizados.

Sin embargo, el sindicato se niega a poner sobre la mesa esta posibilidad, además que la Secretaría del Trabajo hizo una recomendación a la institución a solo hacer modificaciones y no darlo por terminado.

“Ya no hay tiempo para el Nacional Monte de Piedad; estamos en un momento crítico que nos puede llevar a la quiebra”, planteó el directivo.

De la Calle explicó que bajo las actuales condiciones laborales llevarán a que en el año 2025 la institución prendaria comience a tener pérdidas y no utilidades y de hecho, precisó, hay peritajes hechos en conjunto con el sindicato que demuestran que el actual contrato colectivo de trabajo podría llevarlo a la quiebra.

“Nuestro peritaje indica que quebraría en 2027. El del sindicato en 2029. Ya no hay tiempo para el Monte de Piedad", planteó.

Según el directivo, el costo de operación del Monte de Piedad asciende a 7 mil 296 millones de pesos y de ese total, 46.5 por ciento lo absorbe el contrato con el sindicato.

“Hemos visto como el sindicato lo que ha hecho es echar el balón a la tribuna, distraer con temas que no son relevantes y poner una narrativa que busca distraer. Interpretar de manera inadecuada cifras reales, falsear, decir verdades incompletas", señaló De la Calle.

Durante el desarrollo de la conferencia de prensa, un grupo de trabajadores despedidos –de los 300 sindicalizados que fueron cesados– se manifestó afuera de las instalaciones de Nacional Monte de Piedad (NMP), en la colonia Juárez.

En entrevista, el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la institución, Arturo Zayún González, señaló que el objetivo de los directivos “es liquidar el contrato colectivo, quieren la liquidación de los trabajadores, su antigüedad y hacer otra empresa con un contrato de protección”.

Rechazó lo dicho por el director Javier de la Calle, respecto a que el sindicato absorbe el 46 por ciento de los gastos. Zayún aseguró que sólo representa 11 por ciento de los costos laborales, ya incluidas las prestaciones, mientras que los empleados de confianza son 35 por ciento.

Al citar datos que el NMP reportó a las autoridades fiscales, puntualizó que en la declaración fiscal 2022 la empresa reportó gastos por 7 mil 290 millones de pesos, de los cuales mil 390 millones de pesos son administrativos y 5 mil 900 millones de pesos de operación.

En esa declaración, indicó, se reportaron mil 862 millones de pesos destinados a sueldos de 4 mil 600 empleados de confianza, sindicalizados y jubilados. Y subrayó que de este total de recursos, 700 millones se aplicaron a la nómina de 2 mil 410 sindicalizados y jubilados.

Zayún González también afirmó que la institución prendaria esté en quiebra técnica, como reportan sus directivos. Expuso que en 2020 se registraron ingresos por 9 mil 70 millones de pesos y en 2022, 9 mil 860 millones de pesos, lo que quiere decir, dijo, que los ingresos han crecido en este periodo 790 millones de pesos, según lo declarado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Opinó que “el problema de fondo es que ellos (los directivos) quieren introducir a fuerza una financiera que compraron en 2017”. En el reporte anual de marzo de 2022 al mismo mes de 2023, la Financiera Monte de Piedad reportó ganancias de sólo 2 por ciento, mientras que la cartera vencida creció 20 por ciento y los pasivos laborales 50 por ciento por concepto de créditos bancarios.

El dirigente sindical rechazó que el sindicato cuente con un peritaje en el que estime que la institución financiera quiebre en 2029. De hecho, señaló que el peritaje presentado por la dirección de NMP “carece de legalidad”, ya que no se basa en auditorías financieras, ni tampoco en declaraciones fiscales, por lo que “hemos solicitado en el juicio que dichas pruebas sean desechadas”.