Desde que su padre, Jorge Larrea Ortega –socio de Miguel Alemán Valdés en todo tipo de negocios turbios– fundó su imperio minero (1965, primero, gracias a la mexicanización sectorial de López Mateos, Asarco Mexicana, después Industrial Minera México y ahora Grupo México) que hoy encabeza Germán, su hijo, prácticamente no ha transcurrido un solo año en el que el dueño (papá y heredero) no aparezca involucrado en algún escándalo, enjuague, ilegalidad, depredación, represión y persecución sindical, contaminación ambiental y lo que se ocurra.

A lo largo de muchas décadas, los gobiernos en turno permitieron excesos de todo tipo y violaciones a la ley a la sempiternamente impune familia Larrea, que actuaba y lo sigue haciendo contra los intereses nacionales. Todo le toleraron, mientras sus negocios crecían como la espuma, con el minero a la cabeza, pues obtuvo miles de concesiones que amparan una extensión territorial sólo equiparable, sino es que mayor, al que poseyeron los grandes hacendados del porfiriato.

Para dar una idea de la magnitud, Germán Larrea y su Grupo México (en la modalidad de Industrial Minera México) mantienen no menos de 2 mil 200 concesiones mineras en toda la República, cuya vigencia vence entre 2060 y 2070, cuando menos. Sólo en el caso de Buenavista del Cobre (la joya de la corona, antes denominada Minera de Cananea y previamente empresa del Estado) el gobierno mexicano le concesionó cerca de 75 mil hectáreas, según el Registro Público de Minería, de la Secretaría de Economía.

En México, la familia Larrea ha hecho y deshecho a gusto y capricho, pero en la presente administración se le puso un “estate quieto”: se le fue de las manos la adquisición de Banamex, al tiempo que, por razones de seguridad nacional e interés público, el gobierno canceló un tramo de vías férreas concesionado a Ferrosur, por lo cual el magnate pedía una “indemnización” de 9 mil 500 millones de pesos que sólo alcanzó a ver en los titulares de la prensa. En fin: aquí, impune y depredador.

Pero ahora Larrea debe enfrentar algo (similar a lo que tuvo que afrontar en 2009 por derramar tóxicos en Texas, con una multa de mil 200 millones de dólares y la clausura de la planta productiva) para lo que no está preparado: “el gobierno de Estados Unidos solicitó a México una investigación bajo el mecanismo laboral de respuesta rápida del T-MEC contra Grupo México por la presunta violación de los derechos a la libertad sindical y negociación colectiva de los trabajadores en la mina San Martín, en Sombrerete, Zacatecas” ( La Jornada, Alejandro Alegría, Jared Laureles y Andrea Becerril), en huelga desde el 30 de julio de 2007 (al igual que en Taxco y Cananea) y reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, por sus pistolas, el magnate reanudó –ilegalmente, desde luego– las actividades productivas.

Algo más: “la solicitud hecha por la representante comercial estadunidense, Katherine Tai, además de obligar a Grupo México a cumplir con los derechos laborales, plantea una sanción inicial ya que se instruyó al Departamento del Tesoro suspender la exención de aranceles a la exportación de plomo, zinc y cobre proveniente de esa mina, donde los trabajadores de la sección 201 del sindicato minero mantienen una huelga desde hace casi 16 años. La embajadora Tai ha ordenado al secretario del Tesoro que suspenda la liquidación final de las cuentas aduaneras relacionadas con las entradas de mercancías desde la instalación de San Martín, señala la undécima ocasión que Estados Unidos invoca y la primera que se aplica para el sector minero” (ídem) al tiempo que subraya “hay evidencia suficiente” de que Larrea violentó, sistemáticamente, los derechos de los trabajadores.

La acción fue promovida por el sindicato minero, presidido por Napoleón Gómez Urrutia, acompañado por la poderosa United Steelworkers, de tal suerte que Larrea no tiene escapatoria. Se presentó el 15 de mayo pasado y un mes después los demandantes obtuvieron respuesta. En México, vergonzosamente, han transcurrido 16 años y ninguna autoridad ha movido un pelo para meter en cintura al magnate y reivindicar los derechos de los mineros.

Las rebanadas del pastel

Escala el conflicto en Sinaloa por el precio del maíz: en el centro de la disputa, los productores, a quienes pagan migajas, y el oligopolio mexicano Maseca y Minsa (una ex paraestatal), más la trasnacional Cargill, que venden carísimo y obtienen utilidades de ensueño. ¿Dónde está la “autoridad” antimonopolio”?

Twitter: @cafevega