Los votantes suizos aprobaron ayer la introducción de un impuesto mínimo global para las empresas y una ley climática que pretende reducir el uso de combustibles fósiles y alcanzar las emisiones cero en 2050, informó la cadena pública SRF.

Los resultados mostraron que casi 80 por ciento de quienes votaron en el referendo respaldaron el alza del impuesto de sociedades del país a la tasa mínima global de 15 por ciento desde el mínimo medio actual de 11 por ciento, un respaldo inusualmente fuerte.

“Esto garantiza que Suiza no perderá ingresos fiscales en favor de otros países”, declaró la Ministra de Hacienda, Karin Keller-Sutter. “Además, creará seguridad jurídica y un marco estable”, añadió.

En 2021, Suiza se unió a los casi 140 países que firmaron un acuerdo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para fijar una tasa impositiva mínima para las grandes empresas, una medida destinada a limitar la práctica de trasladar los beneficios a países con bajos impuestos.

Incluso con el aumento, Suiza seguirá teniendo uno de los niveles de impuesto de sociedades más bajos del mundo, y la propuesta, que se calcula que aportará 2 mil 500 millones de francos suizos (2 mil 800 millones de dólares) al año en ingresos adicionales, ha sido respaldada por grupos empresariales, la mayoría de los partidos políticos y la opinión pública.

Suiza alberga oficinas y sedes de unas 2 mil empresas extranjeras, entre ellas Google, así como 200 multinacionales locales, como Nestlé.

La ley del clima, presentada en una versión modificada tras ser rechazada en 2021 por ser demasiado costosa, ha suscitado un mayor debate, y en las últimas semanas ha ganado fuerza la campaña en su contra.

Activistas climáticos inicialmente presionaron por una prohibición total del consumo de petróleo y gas para 2050 en Suiza.

Pero el gobierno elaboró una contrapuesta que descartó la prohibición pero incluyó algunos elementos de la iniciativa original.

Casi todos los partidos grandes suizos apoyan el proyecto salvo el UDC, el mayor del país.

Esa agrupación asegura que la meta de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 implicaría en la práctica una prohibición de los combustibles fósiles, que a su juicio pondría en riesgo el acceso a la energía y encarecería la electricidad.