Ciudad de México. México es paradigma del impacto neoliberal en la desigualdad y la pobreza, “la política económica, así como la estructura del poder político han estado al servicio de uno por ciento de la población”, exhibió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Más allá de que 18 familias concentran 3.5 por ciento de la riqueza total del país, es decir, poseen cada una un promedio de 111 mil 216 millones de pesos, el pago al capital y al trabajo es uno de los más dispares, de acuerdo con una publicación de la agencia regional.

Ningún país exprime tantas ganancias a costa del pago a sus trabajadores, como México. De acuerdo con el estudio de la Cepal, prácticamente de cada cuatro pesos en valor que genera una empresa, uno va a las remuneraciones de los trabajadores y el resto son ganancias que en gran parte terminan pagando dividendos a la inversión con capital; mientras en la Unión Europea esta proporción se revierte: 58.2 por ciento de lo que generan las firmas es para pagar la fuerza laboral que produce ese valor.

De acuerdo con comparativos del organismo, de 2.7 billones de pesos que las empresas privadas de México pagaron a aproximadamente 14.5 millones de trabajadores en 2019, los pagos por dividendos fueron 21.7 por ciento más altos: sólo 300 mil familias recibieron 3.3 billones de pesos por este concepto. Es decir, se pagó menos a la fuerza de trabajo que generó ese valor en la producción que a quienes viven de la renta del dinero, lo cual “produce una profunda desigualdad en el país”, enfatizó el documento de la Cepal.

Como parte de los apuntes a revisar en el seminario internacional Brechas de desigualdad en México, Centroamérica y el Caribe esta semana, el documento La distribución del ingreso y la riqueza toma como caso paradigmático la economía mexicana: competitividad “espuria” basada en pagos al trabajo por debajo de los que genera la renta de capital, y un proceso de privatización que obliga a las familias a pagar por servicios que antes obtenían de manera gratuita o a un bajo costo, para ver el efecto de las políticas neoliberales en la distribución de la riqueza.

“La riqueza neta en México ha crecido a un ritmo mayor que el ingreso nacional”, detalla el organismo. Esto se debe en gran medida a la financiarización: “el aumento de la riqueza sin creación de nueva riqueza”, que genera la renta de capital. El documento de la Cepal exhibe que mientras en 2003 la riqueza acumulada en el país era 3.9 veces más los ingresos que recibía el país por su producción, para 2020 esta proporción prácticamente se duplicó, al llegar a 7.7 veces.

Mientras la riqueza neta en los hogares ha crecido un promedio de 6.1 por ciento anual entre 2003 a 2021, los sueldos y salarios de los trabajadores han aumentado 0.6 por ciento. En parte se debe a que México es el séptimo país con más riqueza financiera en hogares, por encima de Austria, Bélgica, Chequia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Noruega, Nueva Zelanda, los Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia, Suiza y Turquía.

“Cuando la riqueza crece a un ritmo mayor que el ingreso se genera una profunda desigualdad. Las familias que poseen activos físicos y financieros incrementan su patrimonio y, por lo tanto, su ingreso; en cambio, las familias que dependen de las remuneraciones asalariadas enfrentan muchas dificultades para cubrir sus necesidades básicas y en virtud de que tienen muy poco ahorro, no pueden incrementar sus activos”, explica el organismo; al tiempo destaca que para 2020 las percepciones de mercado de uno por ciento de la población más rica fueron 840 veces mayores a las del 90 por ciento restante.

“Si se quiere atender la raíz del tema de los derechos humanos, en especial, los económicos, sociales, culturales y patrimoniales, es urgente terminar con la injusta distribución de los beneficios que genera el país”, enfatizó la Cepal. Propone “incrementar los ingresos laborales de los que menos ganan y reducir el pago de los dividendos que se entregan a unas cuantas familias”; a la par de “revertir el proceso de mercantilización de la vida política y social, tanto por el impacto que produce en la desigualdad, así como por razones éticas (no considerar a lo humano como una mercancía)”.