Los acuerdos del Consejo Nacional de Morena, tomados el domingo 11 de junio, tienen frente a sí un largo camino en el Instituto Nacional Electoral (INE) y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Por una parte, si bien la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó el viernes pasado no detener las giras de los aspirantes de Morena a la Presidencia de la República, y sólo acotar los mensajes, no se descarta que las autoridades electorales impongan más restricciones.

Si los magistrados avalaran lo señalado por los partidos de oposición, las giras de las corcholatas podrían ser incluso prohibidas.

Después de las denuncias interpuestas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), el INE recibió el viernes la de Acción Nacional (PAN).

Todos los opositores coinciden en que la “Coordinación del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación”, cuyo proceso fue materia del citado congreso morenista, es una “figura ficticia” y, por tanto, “un fraude a la ley”.

En sus documentos denuncian explícitamente a Morena, así como a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco por presuntos actos anticipados de campaña.

El PAN recalcó que las personas mencionadas incurren en actos anticipados de precampaña y en un posicionamiento ilegal, del partido y frente a la ciudadanía. Afirman que buscan utilizar la citada coordinación de defensa de la 4T como una convocatoria para la selección de la candidatura a la Presidencia.

En el amplio documento elaborado para tal fin, el PAN afirma que ese “ burdo modelo de fraude a la ley” no es nuevo, sino la forma en que Morena “ha institucionalizado la violación a las reglas de la contienda electoral”, como se vio en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

Añade que los “recorridos” de aspirantes son “actos anticipados de precampaña y campaña, además de configurar promoción personalizada y sobrexposición indebida”.

Por tanto, primero a nivel de medida cautelar pide que “se exhorte a los denunciados que se abstengan de seguir realizando pronunciamientos sobre su postulación o aspiración al cargo de candidato a Presidente de la República para el proceso electoral 2024”. Es decir, va más allá del consejo de Morena –ya calificado de acto consumado– y se proyecta hacia las giras.

Solicita además instaurar un procedimiento especial sancionador en contra de quien resulte responsable.

En principio, la Sala Superior del TEPJF resolverá en breve la posible ratificación de las medidas cautelares emitidas por el INE hace dos semanas, donde se conminaba a Morena a restringir a sus aspirantes.

Aparte de ese ciclo INE-Sala Superior, para rechazar o confirmar las medidas cautelares (preventivas de un daño irreparable y dictadas con urgencia), tocará a Sala Especializada del mismo tribunal resolver el fondo de todas las denuncias que se acumulen y determinar, finalmente, si Morena y sus corcholatas incurren en una infracción.

El último paso sería que las sentencias de la Especializada sean impugnadas ante la Sala Superior del TEPJF, cuyas resoluciones son definitivas e inatacables.