En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) existen más de mil 300 trabajadores administrativos de base que cuentan con estudios de licenciatura y hasta posgrado, quienes a pesar de existir diversas cláusulas laborales que les permitirían obtener ascensos, continúan ocupando algunos de los niveles escalafonarios más bajos.
Así lo denunciaron integrantes del Movimiento de Profesionistas Titulados y con Estudios de Posgrado, quienes lamentaron que el Sindicato de Trabajadores de la UNAM (Stunam) no sólo obstaculiza el desarrollo de dichos empleados, sino que otorga plazas de manera directa “por compadrazgo” a personas sin estudios avanzados o sin un perfil adecuado para el puesto.
En entrevista con La Jornada, Adriana Cortés, secretaria en el Instituto de Geografía (IG) de la UNAM, explicó que actualmente hay un poco más de mil 300 personas que se encuentran en la mencionada situación, de las cuales 27 incluso tienen estudios de posgrado, que van desde cursos de especialidad hasta doctorado.
Algunos casos paradigmáticos, dijo, son los de María Teresa de Jesús Torres de la Vega, quien se graduó como médico cirujano, tiene 57 años de antigüedad en la UNAM y 80 de edad, pero ocupa el cargo de laboratorista C en la Preparatoria 4; y el de María Guadalupe Guadarrama Huerta, doctorante en geografía con más de 40 años de antigüedad, quien se desempeña como analista C en el Instituto de Investigaciones Económicas.
Luego de subrayar que esta problemática afecta de manera especial a las mujeres, Adriana Cortés dijo que ella no ha podido aspirar a una plaza que quedó disponible en el IG –a pesar de tener una maestría en Educación y otra en Desarrollo Rural y estar cursando un doctorado–, pues dicho lugar fue asignado “de forma muy rara” a la Facultad de Química, y está cubierto por un empleado de confianza.
Señaló que la cláusula 57 del Contrato Colectivo de Trabajo del Stunam establece que “la UNAM reubicará a aquel personal que haya concluido alguna carrera a nivel universitario, técnico, licenciatura o posgrado”. Sin embargo, existen dos “candados” que bloquean dicha posibilidad: que la promoción se haga “de acuerdo a las necesidades de servicio” de la institución, y al presupuesto existente para ello.
