“El mayor signo de inseguridad que vive el país es el control de los territorios por parte del crimen organizado”, expuso a La Jornada Luis Gerardo Moro Madrid, provincial en México de la Compañía de Jesús.

En la víspera de que se cumpla un año del asesinato de los sacerdores jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, el 20 de junio de 2022 en el altar de la iglesia de Cerocahui, en Chihuahua, advirtió que esa situación “amenaza la vida democrática” en México, pues en esos lugares estos grupos “controlan la vida social, económica y política”.

Ante esto consideró que quienes aspiren a conducir al país deben contar con propuestas de pacificación que convoquen a todos los sectores sociales y políticos, y para llevar a cabo esa tarea es fundamental superar la “polarización” y que todos lo sectores antepongan las necesidades de la población.

Sobre el asesinato de los jesuitas, insistió en que “la aparición sin vida de El Chueco (José Noriel Portillo) no puede considerarse un triunfo de la justicia ni solución al problema estructural de la violencia si se vive en la sierra Tarahumara.

“La ausencia de un proceso legal conforme a derecho en relación con este homicidio implica un fracaso del Estado mexicano frente a sus deberes básicos, y confirma que en la región las autoridades no detentan el control territorial. La violencia sigue en la Tarahumara, recientemente veíamos lo ocurrido en Guachochi, donde hubo un muerto”, derivado de un ataque que dejó las marcas de los disparos en la fachada de la iglesia de la localidad.

Moro Madrid señaló en entrevista que en el caso de sus colegas “seguimos exigiendo verdad, justicia y paz, sin importar el partido (político) en turno en el poder. Esto va a ser una exigencia, un reclamo que ya no va a poder callar. Sea quien esté en el poder tiene que escuchar nuestra realidad de cómo está el país”.

Sobre la estrategia de seguridad, indicó que lo principal es “reconstruir el tejido social”, y que no consideran que la militarización sea ni la única ni la mejor vía.

“Nos preocupa también la militarización de los territorios. Según la experiencia de otras comunidades indígenas, esto atiende la emergencia, pero a la larga lesiona el tejido social. No sabemos si esto de los militares es la mejor opción, porque se altera la relación comunitaria y daña su organización.”

Además, “no podemos pasar por alto la evidencia de que el Ejército ha usado, de forma tal vez desproporcionada, la fuerza letal contra civiles”, y estas circunstancias se propician “por poner a instancias militares en funciones de seguridad pública”.

El religioso consideró que “un primer paso para recuperar la institucionalidad local de seguridad es reformar a las policías municipales, que fortalezcan sus habilidades para la prevención, investigación y reacción. Sabemos por datos del gobierno que hay poblaciones donde la policía estaba coludida con el crimen o lugares donde se han quedado sin policía ante la amenaza del crimen organizado”.

Recordó que tras los homicidios “le mandé una carta al presidente (Andrés Manuel López Obrador), la cual nunca se me respondió” y acotó que la intención no era criticar, pues la misiva “hacía una invitación al Presidente, y era para ponernos, de alguna manera, también a sus órdenes para poder también comunicarle desde nuestra perspectiva cómo veíamos este evento. Sabemos que leyó la carta”.

Con quien sí se reunió fue con el ahora ex secretario de Gobernación Adán Augusto López y tuvo comunicación también con el subsecretario César Yáñez. La compañía quería poner a su “disposición la información que tenemos; era invitarlo a que viniera a conocer in situ dónde fueron los asesinatos (…) Hasta que no lo vemos, no podemos entender una realidad así”.