Buenos Aires., La masiva rebelión del pueblo de la provincia de Jujuy en el noroeste del país, que comenzó hace días con un paro de docentes, a los que se adhirió la población reprimida brutalmente ayer, dejando heridos y más de 40 detenidos por el gobierno de Gerardo Morales, de la alianza derechista Juntos por el Cambio y candidato presidencial, ha producido un antes y un después en la vida política de los jujeños.

Una inesperada reacción social que Morales creía imposible por la política de represión y terror, y la violación de los derechos humanos, al mantener detenida a la líder indígena Milagro Sala, de la organización Tupac Amaru, junto con otras mujeres, inventando causas, ya que tiene influencia sobre la impartición de justicia además de que las fuerzas de seguridad están bajo su control.

Desde hace años no sucedía en Jujuy una rebelión, que une a todos los sectores sociales y sindicales, la cual ha llevado a las comunidades de pueblos originarios a emprender un periplo a pie desde sus lejanas comarcas hasta la capital de la provincia.

La represión, desatada por orden del gobernador, no ha podido detener esta avalancha, agravada en los dos días recientes ante la decisión de Morales de decretar una reforma constitucional, y en una simulación respaldada en cómplices, incluso de sectores del peronismo local, fue aprobada a espaldas del pueblo la noche del jueves, violando todas las leyes y los derechos.

Los puntos más controvertidos de la modificación parcial de la Carta Magna como es el “derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica”, impone la expresa prohibición de cortes totales de calles y cortes de ruta, así como toda otra “perturbación” al derecho a la libre circulación de los habitantes de la provincia y sus consecuencias legales.

Contra pueblos originarios

En cuanto a los pueblos originarios, el artículo 36 sobre el “derecho a la propiedad privada” permite el desalojo de los pueblos indígenas que se encuentran en tierras fiscales. En realidad son predios heredados de sus ancestros, que el gobierno denomina aviesamente “fiscales”, porque se supone pertenecen al Estado y nunca han sido reconocidos sus dueños naturales.

De la misma manera, mediante otra modificación a la Constitución local, se legaliza el saqueo de recursos nacionales estratégicos, como el litio y los minerales.

Por otra parte, se eliminan los comicios de medio término, por lo que la votación será cada cuatro años, y “el partido que obtenga la mayoría de votos en las elecciones para gobernador (obtendrá) la mitad más uno de las bancas de la Legislatura”.

Algunos analistas hablan de un verdadero laboratorio político y social, ya que Morales, dirigente de la Unión Cívica radical (UCR) y aliado con la ultraderechista Propuesta Republicana (PRO), como gobernador, puede aplicar todas las demandas de ajustes neoliberales y condiciones, como las que impone el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Mientras, el país observa las disputas políticas internas de los contendientes en las elecciones presidenciales de octubre próximo, creando un ambiente de incertidumbre y confusión en la provincia de Jujuy, el pueblo insurreccionado ha vencido hasta el ocultamiento de los medios masivos de comunicación locales, incluyendo a las agencias de prensa extranjera.

El reclamo que comenzó el proceso actual “fue el conflicto docente por la recomposición salarial y las condiciones laborales, encabezado por la Asociación de Educadores Provincia por varios sindicatos.

“La situación lleva más de 15 días de paro y diversas medidas de fuerza ininterrumpidas, como cortes de rutas, radios abiertas, ollas populares, cacerolazos y marchas de antorchas”, informó el portal de noticias El Destape.

La Asamblea Nacional de Pueblos de la Puna, ante la represión por parte del gobierno jujeño, resolvió cortar de manera indeterminada todas las rutas nacionales que van a Chile y Bolivia, medida que sólo se levantará con la restitución de la Constitución provincial y la indeclinable renuncia del gobernador de la provincia, informó Verónica Chávez, presidenta de la Comunidad Aborigen del Bajo Salina.

“La reforma de Morales viene a concretar una política de ajuste, de precarización, de disciplinamiento, de represión, que ha ejercido todos estos años en el afán de hacer negocios con los recursos naturales, con el litio.

Esta reforma constitucional viene a darle todos los instrumentos para que la gente no tenga resguardo legal”, denunció la dirigente sindical Mercedes Sosa.

En esta capital, unas seis personas fueron detenidas ayer cuando acompañaban a familias de una vivienda habitada por mujeres y niños en situación de vulnerabilidad.

Entre los arrestados figuran el presidente de Nuevo Encuentro de la Ciudad de Buenos Aires y director de Gestión Política y Social de un organismo oficial, Antolín Magallanes, y el dirigente de ese espacio político, Franco Fernández, ante la dramática situación que se vive en esta ciudad donde miles de personas están viviendo en las calles, sin ninguna ayuda asistencial de la intendencia de Buenos Aires.