Xalapa, Ver., Un juez de control impuso un año de prisión preventiva justificada a la jueza Angélica Sánchez Hernández por su presunta responsabilidad en delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, y se espera que su situación jurídica se resuelva en la audiencia del próximo 21 de junio.

Pese a que su defensa solicitó que la comparecencia inicial fuera pública para legalizar su detención y determinar las medidas cautelares, el juez de control Roberto Santos Maldonado determinó realizarla a puerta cerrada, sin acceso a los medios.

Gustavo Gómez, hijo de la juzgadora, señaló que igual que en la primera vez, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz incurrió en irregularidades.

“Su arresto fue con violencia, tememos por su vida, ya vimos cómo actúa la fiscalía, mi mamá estaba amparada, y no había porqué hacer esto. El gobernador (Cuitláhuac García) dice que estaba prófuga, ¿cómo va a estarlo si se le vio en un acto público en el Senado de la República?

“Mi mamá no se estaba escondiendo, es una mujer recta, derecha, inocente, y eso nos ha enseñado a nosotros, y nos vamos a defender legalmente”, asentó.

Ricardo Aguilar, abogado de la jueza, lamentó la determinación de mantenerla en prisión a pesar de que los delitos que se le imputan “en el Código Nacional de Procedimientos Penales o la Constitución no están considerados merecedores de prisión preventiva oficiosa, incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y resoluciones de Tribunales Colegiados han establecido la inconvencionalidad de la aplicación en automático de la prisión preventiva oficiosa”.

En un comunicado, la FGE insistió en que la segunda detención de la jueza, en menos de 15 días, fue posible porque “la suspensión provisional no tiene alcances sobre la orden de aprehensión que fue ejecutada, pues la misma fue emitida con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, por lo que solo la protege contra órdenes de aprehensión emitidas previamente”.

La segunda detención de Sánchez Hernández se realizó el viernes en la Ciudad de México, con el apoyo de agentes de la Guardia Nacional.

La primera se efectuó el 5 de junio pasado en Xalapa, por el presunto delito de agravio a la autoridad; pero la dejó libre 48 horas después porque no pudo acreditar la transgresión que buscaban imputarle.

Su defensa acusó que se trató de una represalia por liberar a Itiel Palacios García, alias El Compa Playa, considerado un generador de inestabilidad por la autoridad estatal.

Diversas organizaciones demandaron que cese “la violencia institucional” contra la impartidora de justicia y exigieron que se garantice su integridad y la de su familia.