San Luis Potosí, SLP. Integrantes de la comunidad de San Marcos Carmona, municipio de Mexquitic, San Luis Potosí, obtuvieron cuatro suspensiones definitivas en juicios ambientales que promovieron en defensa del río Calabacillas y de sus derechos en tierras y agua, contra 12 fraccionadores de lujo y empresas inmobiliarias que han amenazado, e incluso denunciado penalmente a los líderes del poblado, informó a La Jornada Guillermo Luévano, abogado de los pobladores.

Luévano es integrante de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), que asesora legalmente a los residentes de San Marcos.

Explicó que el juez tercero de distrito del circuito judicial 9, José de Jesús Rosales Silva, otorgó la suspensión definitiva en favor de la comunidad, el 12 de junio, lo que obligó a las autoridades municipales de Mexquitic, a la Comisión Estatal del Agua y a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del gobierno de San Luis Potosí, a garantizar la integridad del río Calabacillas, para que se suspendan las descargas de aguas residuales y las obras que afecten su cauce natural.

Además, deberán garantizar el acceso de los habitantes de San Marcos, a la Sierra de San Miguelito, “ya que personal de seguridad privada, contratados por quienes viven en fraccionamientos en el lugar, les impedía el paso a las zonas de uso común de donde obtienen medios para su subsistencia, como recolección de bienes naturales y actividades de pastoreo y recreativas”, señaló el abogado.

Detalló que debido a los triunfos legales, “las inmobiliarias y agentes de seguridad, presumiblemente policías estatales sin identificarse–con armas largas y mediante operativos– han respondido con amenazas y agresiones.

Además, recientemente la empresa Promotora y Proyectos Proaljo interpuso una denuncia penal contra los representantes del comité comunal de San Marcos Carmona; se les acusa de derribar una barda “que la empresa valúa entre 6 y 8 millones de pesos”.

Por esa causa penal, “la fiscal Perla Correa y el juez Juan de Dios Flores, han planteado condenar a dos de los dirigentes del movimiento; incluso, el impartidor ya dictó una sentencia condenatoria cuya pena será individualizada” esta semana, precisó Luévano.

Respecto a la barda, explicó que “se ubica en un área de uso común del núcleo agrario e impedía el paso libre a la Sierra de San Miguelito donde los habitantes pastorean ganado y recolectan productos”.

“Sorprende la rapidez en la integración de la carpeta de investigación, el despliegue policiaco durante las diligencias y la resolución desproporcionada del juez penal, lo que constituye en los hechos la criminalización de los defensores del territorio y ambientales”, aseveró.

Defienden el río Calabacillas

Puntualizó que la causa ambiental en defensa del río Calabacillas y por los derechos territoriales y culturales de la comunidad San Marcos Carmona, “avanza pese al hostigamiento en su contra por las empresas y el Poder Judicial estatal”.

El abogado de la clínica de litigio de la UASLP recordó que desde hace más de 400 años los habitantes de esa comunidad han habitado su territorio de forma pacífica, pública y constante.

Describió que viven del comercio, la agricultura y la ganadería a pequeña escala, así como de los bienes comunes que les facilita su cercanía con la Sierra de San Miguelito, entre los que se encuentra el río Calabacillas.

Encaran a doce fraccionadoras de lujo

Pero “desde 2013 empresas inmobiliarias como Fuerte Ventura, Gran Canaria, Forja Real y otra decena de sociedades mercantiles, se asentaron en terrenos propiedad de la comunidad, con instrumentos de compraventa irregulares, disputados por la asamblea comunal y las autoridades agrarias. Ese litigio se encuentra en tribunales agrarios”.

Los fraccionamientos que se han asentado irregularmente ahí desde entonces, “además de despojar tierras y agua y los respectivos derechos sobre aquellas, han descargado ilegalmente aguas negras sobre el río Calabacillas.

Desde 2022, las constructoras también han empezado a rellenar ese cuerpo de agua con material de construcción al parecer para abrir una vialidad”, señaló el litigante.

En este contexto, los habitantes de San Marcos Carmona solicitan “a los gobiernos del estado y federal su intervención inmediata para salvaguardar sus derechos”.