Un grupo de 39 tepehuanos, la mayoría menores de edad desplazados de la comunidad La Sierrita por un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado el domingo pasado, serán alojados en un albergue de la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, mientras la autoridad local les proporciona un pie de casa, informó el gobierno del estado.
Los desplazados recibieron ayuda humanitaria del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal y de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común. “Ahora están en condiciones de salud dignas, pero el desplazamiento no es una situación nada recomendable para nadie”, afirmó ayer la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
“Prácticamente les quemaron todo. No tienen casa, por lo que permanecen en un albergue; ellos sí quieren regresar, pero quieren esperar uno o dos meses, y se analiza la posibilidad de apoyarles con un pie de casa en la cabecera municipal”, explicó aparte Carmen Carrillo Chaparro, directora de asuntos indígenas de Guadalupe y Calvo.
La Fiscalía General del Estado detalló que el pasado 11 de junio militares y policías acudieron a las comunidades San Gerónimo, Santa Rita y La Sierrita, municipio de Guadalupe y Calvo, para atender una denuncia por la presencia de hombres armados.
Ahí encontraron al grupo de 39 personas, 31 de ellos menores de edad, quienes dijeron haber huido de sus hogares por la irrupción de civiles armados.
El enfrentamiento se suscitó entre pistoleros que pertenecen a los grupos de Sergio C. P., La Campamocha, del cártel de Sinaloa, y a un grupo de La Línea vinculado a Alfonso A., El Poncho.
El 5 de junio anterior, otra balacera en la Sierra Tarahumara ocasionó la salida de 50 familias de los poblados de Santa Anita, El Rosado y Nacachi hacia la cabecera municipal de Guachochi. Un hombre fue decapitado y la iglesia de Santa Anita acribillada con rifles de asalto.
Cientos huyen a Apatzingán
En Michoacán, al menos 800 personas de la región de la Tierra Caliente huyeron a la cabecera municipal de Apatzingán en la última semana, ante amenazas y enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, informó el Observatorio de Seguridad Humana.
Las denuncias de decenas de familias comenzaron en junio. El sacerdote Jorge Vargas Orozco, de Presa El Rosario, indicó que el pasado 10 de junio unas 200 familias llegaron de El Alcalde, Llano Grande, Las Bateas y El Tepetate.
