Este año, un millón 383 mil 262 personas servidores públicos federales que presentaron a tiempo su declaración de situación patrimonial y de intereses 2023, lo cual representa un nivel de cumplimiento del 96.28, la mayor tasa registrada desde 2020, cuando este procedimiento se volvió obligatorio para toda la administración federal, de acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública.

La dependencia hizo este martes un reconocimiento a los funcionarios que cumplieron con este requisito constitucional en el plazo legal, que venció a final de mayo, y señaló que de las 225 de las 288 instituciones federales registradas en la plataforma DeclaraNet llegaron al 100 por ciento de cumplimiento, mientras que 57 alcanzaron más del 90 por ciento.

La SFP señaló en un comunicado que con base en el número de personas servidoras públicas que deben presentar su declaración, las primeras instituciones en lograr el 100 por ciento fueron: INFONACOT, entre las que tienen entre mil y 4 mil 999 obligadas; Prevención y Readaptación Social, en el rango de 5 mil y 9 mil 999, y la Guardia Nacional, en el rango de más de 10 mil.

Detalló que realizó una campaña de difusión y asesoría a través de medios institucionales, en coordinación con los Órganos Internos de Control (OIC) en las dependencias y entidades, Unidades de Responsabilidades de las empresas productivas del Estado, así como con las Unidades de Administración y Finanzas de los entes públicos federales.

Lo anterior, permitió que la SFP atendiera 82 mil 540 correos electrónicos, 9 mil 628 llamadas telefónicas y recibiera a 3 mil 97 personas que solicitaron asesoría de manera presencial, sin considerar las acciones adicionales de atención que realizaron los OIC.

A partir de 2020, la totalidad de las personas servidoras públicas federales están obligadas a presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses durante el mes de mayo, misma que se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En el caso de quienes no han presentado su declaración, el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas mandata el inicio de la investigación y, en su caso, la imposición de las sanciones administrativas correspondientes, las cuales consideran incluso hasta declarar que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos.