Cada país tiene una trayectoria propia en la transición energética, y abandonar dogmas de un mercado uniformizado es ya una condición reconocida por organismos internacionales que promueven el combate al cambio climático. Esos dogmas se fundan en el alineamiento a la política de trasladar recursos públicos para el negocio privado en los mercados de las energías. Los negocios eólico y solar han sido ejemplos claros, alimentándose de rentas que no le vienen de ventajas tecnológicas, sino de protección gubernamental. Esta forma de atender la crisis ambiental fue típica de los primeros años de este siglo y la reforma energética mexicana se consolidó como una entusiasta demostración de alineamiento. Sin embargo, la complejidad de las transiciones energéticas va más allá de los deseos mercantiles y lo que vivimos desde hace unos años es un nuevo protagonismo del Estado en la esfera de la energía y el ambiente, de maneras diversas y bajo una lógica de proteger algo que va más allá de los intereses de las empresas de la energía. La soberanía, el bienestar de las mayorías, el desarrollo económico o el avance tecnológico nacional, son ahora temas de la agenda de la transición energética que habían desaparecido en beneficio del dogma del mercado y protección a las rentas privadas para resolver la crisis ambiental.
Desmontar los dogmas en México es inevitablemente un camino de conflicto. Es bien sabido que la estructura jurídica de la reforma neoliberal está viva y sobre esta base, se obstaculizan cambios normativos que son necesarios para liberar vasallajes disfrazados de libertad de mercado. Una recién e importante adecuación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) está en camino de una confrontación con las fuerzas corporativas de los mercados eólico y solar bajo un clamor ambientalista. La CRE determinó que la CFE, al utilizar gas natural para producir electricidad con determinados umbrales de eficiencia, se hace acreedora a recibir certificados de energías limpias ( DOF, 26/5/23), lo cual desde 2014 era un privilegio privado que la reforma energética creaba bajo el argumento de cumplir metas ambientales internacionales ( DOF, 10/2014). Al catalogar de hecho al gas natural como una fuente primaria limpia, el gobierno mexicano no hace sino formar parte del nuevo paradigma de la transición energética sin dogmas.
Las batallas contemporáneas por la energía tienen que ver actualmente con la aspiración a descarbonizar los sistemas económicos y lograr el llamado balance cero para 2050, una contabilidad física que significa lograr que todas las emisiones de gases de efecto invernadero sean equivalentes a un monto igual de emisiones que son eliminadas anualmente. Ello no es sinónimo de transición energética, aunque obviamente está relacionado. La transición es el cambio relativo de fuentes energéticas para la actividad humana y, por más que en últimos años haya habido avances de sustentables cuyo peso porcentual remplaza al de fuentes como carbón y petróleo, eso no significa necesariamente que disminuya el aporte de las fuentes fósiles al calentamiento global, puesto que todas las fuentes energéticas siguen creciendo en producción.
Hay en curso la implantación de un nuevo paradigma que combina ambiente con energía, el cual, no exento de las presiones de los intereses de mercado, consiste básicamente en reconocer que la transición está ligada a la complejidad de los sistemas energéticos nacionales en el contexto de que el consumo absoluto y relativo de energía seguirá creciendo. Por ello, el paradigma en construcción, llamado “balance cero”, es en realidad un nuevo modelo de economía descarbonizada que debe contener una revolución tecnológica cuyo emprendimiento corre a cargo del Estado. Si queremos ver un ejemplo de esta realidad emergente, tenemos a la mano el caso de Estados Unidos bajo el gobierno de Biden, con programas que en conjunto contabilizan aproximadamente 395 mil millones de dólares –una “política industrial”, le denomina Stigliz (https://rb.gy/efdvy)–. Esta suma de recursos va de la mano con una geopolítica activa que busca expandir y defender el espacio de las empresas de energía estadunidenses. No hay pie a la ingenuidad: la apuesta de ese gobierno mira a China y no abandona el papel hegemónico de EU en los mercados de energías fósiles.
El esfuerzo de innovación en este nuevo modelo de economía que busca la descarbonización se orienta en gran medida hacia la eficiencia de sistemas energéticos existentes. Es decir, revaluar las infraestructuras nacionales que alojan las cadenas de valor energéticas, haciéndolas menos contaminantes. Esta innovación para la eficiencia corre junto con la innovación para la transición, y ambas deben confluir en sistemas menos carbonizados. Y, junto con ello, la realidad de que el gas natural es insustituible para desplazar al carbón como fuente de electricidad y, de hecho, brindar una base segura y confiable para la rápida y necesaria electrificación de las economías, básicamente para la industria, transporte y el funcionamiento de los edificios. El horizonte de los escenarios de los esfuerzos internacionales es 2050, año en que, por cierto, se moverán por el planeta más de 1.5 miles de millones de autos propulsados por energías derivadas del petróleo, al lado de unos 700 millones de vehículos eléctricos. No hay en la actualidad duda sobre una tendencia: el avance hacia la descarbonización pasa por la innovación para la eficiencia del uso de gas y petróleo.
La trayectoria de la transición energética en México no es deficitaria. Fijar como punto de inicio la soberanía energética y el papel rector del Estado brinda flexibilidad para atender una nueva construcción de mercados energéticos y ambientales, bajo principios modernos y compartidos por una comunidad internacional que abandona dogmas. La electrificación “limpia” mexicana en macroproyectos regionales es evidente para quien quiera verlo, y este modelo de desarrollo energético deberá crecer, como base de la descarbonización, junto con el despliegue de la diversificación de fuentes primarias, sin perder la fortaleza que brindan las centrales de ciclo combinado y las hidroeléctricas a la red eléctrica.
* Profesor Investigador de la UAM
