La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 69/2023 al Gobierno de Coahuila, al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Fiscalía General de Justicia del estado, al acreditar que funcionarios de estas instancias impidieron el libre tránsito de personas migrantes pese a contar con documentos legales de residencia.

Los hechos ocurrieron durante el año 2022 cuando siete personas de diversas nacionalidades fueron retornadas hacia el estado de Nuevo León.

Los días 13, 15, 16 y 20 de junio, así como 23 de agosto y 1 de septiembre de 2022 las personas agraviadas formularon quejas ante la CNDH por las violaciones a sus derechos, ya que señalaron que viajaban en autobuses rumbo al norte del país cuando autoridades del INM y agentes policiales del Estado de Coahuila les cerraron el paso, retornándolos a diversos lugares de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Las víctimas consideraron que los actos llevados a cabo por las citadas autoridades “fueron arbitrarios y vulneraron sus derechos humanos”, ya que contaban con documentos legales, incluso con residencia permanente.

La CNDH solicitó al Gobierno del estado, al INM y a la Fiscalía General de la entidad que gestionen la inscripción de las personas vulneradas en el Registro Nacional de Víctimas, para que procedan a la inmediata reparación integral del daño, que incluya la medida de compensación, en términos de la Ley General de Víctimas, además de colaborar para proporcionarles la atención médica y psicológica que requieran.

Como soporte de lo dicho por las personas que presentaron sus quejas, la CNDH tuvo conocimiento, por notas periodísticas publicadas el 15 de junio de 2022, de que varias personas decidieron manifestarse cosiéndose la boca tras habérseles negado el acceso y tránsito por el estado de Coahuila. El 16 de junio, la CNDH solicitó medidas cautelares al INM, a las secretarías de Gobierno, de Salud y de Seguridad de Nuevo León, así como a las de Gobierno y Seguridad Pública de Coahuila, con objeto de que se proporcionara atención humanitaria de urgencia a dicha población.

Derivado de esos hechos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León recabó mil 650 testimonios de personas que fueron retornadas de Coahuila a Nuevo León.

Se advierte, además, que dichas autoridades incurrieron en responsabilidad institucional al no cumplir con su deber de garantizar la seguridad pública de las personas migrantes que rindieron su testimonio, toda vez que no se previno ni se enfrentó con eficacia las conductas que provocaron la violación de sus derechos humanos a la seguridad jurídica y a la libertad de tránsito.