Las comisiones Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) emitieron recomendaciones dirigidas a médicos especialistas en anestesia sobre los requisitos legales que deben cumplir en la adquisición, resguardo y utilización de medicamentos anestésicos.

Las indicaciones se presentan casi ocho meses después de los brotes de meningitis en Durango y más recientemente en Tamaulipas. En el primero, se han reportado 80 casos de la infección, en su mayoría mujeres que dieron a luz mediante operaciones cesáreas y requirieron del bloqueo epidural (anestesia de la cintura para abajo). Del total, 38 personas murieron por esa causa.

En Tamaulipas, la información oficial más reciente señala que se han confirmado cinco casos de meningitis fúngica en territorio nacional y otros cinco individuos de nacionalidad estadunidense, dos de los cuales fallecieron.

En ambos casos, el origen del padecimiento se ubicó en los procedimientos de anestesia realizados sin las medidas de higiene y seguridad para los pacientes. La investigación realizada por la Cofepris reveló la presencia del hongo Fusarium solani, causante de daño en el sistema nervioso central de los afectados.

Ayer, las comisiones exhortaron a los profesionales de la salud a adquirir anestésicos con distribuidores legalmente constituidos para garantizar su calidad, seguridad y eficacia.

Al recibir los insumos, deben revisar “a detalle” que los datos correspondan con lo descrito en el documento de entrada sobre la descripción, fecha de caducidad y número de lote. También cerciorarse de que los empaques no presenten alteraciones o daños.

En cuanto a la conservación y el almacenamiento de anestésicos, seguir las indicaciones contenidas en el etiquetado de cada producto.

Las comisiones advirtieron que quienes realicen procedimientos de anestesia deben contar con la acreditación de la especialidad y cumplir con los lineamientos del expediente clínico.

La Conamed resaltó que los anestesiólogos tienen la obligación de sustentar clínicamente la necesidad de utilizar medicamentos anestésicos; evaluar el riesgo-beneficio de los procedimientos a realizar, así como obtener el consentimiento informado de los pacientes y/o sus familiares.