El martes 20 de junio se cumple el primer aniversario del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora y del laico Pedro Palma en el templo de la comunidad de Cerocahui, Chihuahua. Estos hechos cimbraron tanto a las comunidades de la Sierra Tarahumara, como al cuerpo apostólico de la Compañía de Jesús y a la Iglesia católica en general, quienes se sumaron una vez más al clamor de las miles de víctimas que la fallida estrategia de seguridad de corte militar ha acumulado durante más de 16 años.

Hoy, impermeables a las exigencias de verdad, justicia y paz ante los hechos de Cerocahui y del resto del país, las autoridades han mantenido sin modificación las estrategias de seguridad, y tampoco han instrumentado procesos integrales de pacificación y reconciliación. Administraciones anteriores con sellos políticos propios a los del PAN y el PRI, acudieron a la misma estrategia de militarización de la seguridad. En tanto que, durante el presente sexenio, se ha fortalecido el papel de las fuerzas armadas, no sólo en tareas de seguridad, sino que en otros tantos rubros de la vida pública de la nación.

En la víspera de este primer aniversario del asesinato de los jesuitas, numerosos medios de comunicación dieron a conocer un video en el que se evidencian ejecuciones extrajudiciales cometidas por elementos del Ejército en Nuevo Laredo contra civiles. Estos sucesos confirmaron otra vez que, por más que la narrativa sobre seguridad cambie de una administración federal a otra, mientras en los hechos se siga apostando por un modelo de seguridad basado en el despliegue de las fuerzas armadas y no por una política integral de Estado, difícilmente entraremos en una pacificación sostenida.

En una publicación posterior a la difusión del video, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez SJ desmentía la narrativa oficial que cataloga estos hechos como “aislados”, a través del recuento de casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas armadas sólo en este sexenio. El recuento se inicia con lo sucedido en Tepochica, Guerrero, donde un supuesto enfrentamiento del Ejército dejó 15 muertos, 14 civiles, y donde la evidencia que circuló en redes ponía en serias dudas si realmente el Ejército recibió una agresión de los civiles.

Esta situación se repitió en las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Carbó, Sinaloa, en enero de 2020; en Nuevo Laredo (7/2020); en La Boquilla, Chihuahua (9/2020); en las seis ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo (2/2021); en la ejecución extrajudicial de un migrante guatemalteco (3/2021); en la ejecución de un agente ministerial a manos de la Guardia Nacional (5/2021); en el caso de Ángel Yael, estudiante de la Universidad de Guanajuato asesinado por la Guardia Nacional (4/2022), en Irapuato, y en el caso de la niña Heidi Mariana, quien murió por disparos del Ejército en Nuevo Laredo (8/2022). En el presente año se tiene registro de la muerte de dos jóvenes por disparos de la Guardia Nacional en Jiménez, Chihuahua, el 1º de enero; los cinco jóvenes asesinados por el Ejército en febrero en Nuevo Laredo, y ahora las cuatro ejecuciones extrajudiciales que se observan en el ya referido video, también en Nuevo Laredo.

Por datos de transparencia, sabemos que la letalidad de las fuerzas armadas en este sexenio asciende a una alarmante cifra de cinco muertos por cada herido. Así, mientras las masacres y las ejecuciones extrajudiciales continúan como en otros sexenios, las fuerzas armadas siguen acumulando poder y siguen obstruyendo los procesos de esclarecimiento de la verdad, como en los casos Ayotzinapa o #EjércitoEspía.

Hoy, a un año de los crímenes cometidos en Cerocahui, la impunidad persiste tanto para los jesuitas asesinados como para los cientos de miles de víctimas en todos los rincones de un país cuyas instituciones han perdido no sólo el control sobre amplios territorios, sino credibilidad y legitimidad ante la ciudadanía, así como la capacidad de intermediación y regulación del conflicto social; de lo cual es muestra elocuente el pacto social propuesto a los cárteles mexicanos hace unas semanas por algunos colectivos de madres buscadoras de Tamaulipas para lograr el cese de la desaparición de personas.

La macrocriminalidad y la ingobernabilidad en varios territorios del país, entre ellos Cerocahui, son signos críticos del fracaso de la institucionalidad pública en materia de seguridad. Recordar lo sucedido hace un año es un acto de responsabilidad que busca reivindicar la memoria de las víctimas, condenar los hechos y exigir justicia para tantos mexicanos cuyas vidas han sido arrebatadas por la violencia.

Es urgente que las instituciones encargadas de la seguridad pública adopten un enfoque estructural e integral de la violencia en el país, apostando por rigurosos controles civiles para el uso de la fuerza y por un planteamiento complejo de seguridad ciudadana que privilegie la pacificación de los territorios, el debido procesamiento de tantos casos carentes de justicia, la democratización de las instituciones civiles de seguridad, así como el fortalecimiento del Estado democrático de derecho. En suma, una política integral de Estado para la pacificación de México.