La menor regulación para atraer a más empresas al mercado de valores en México puede multiplicar estafas, como en la que está involucrada Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), advirtió Ernesto O’Farril Santoscoy, presidente de la Comisión de Análisis Económico del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). “Demasiada flexibilidad se presta a que haya fraudes”, dijo el economista fundador de Bursamétrica Casa de Bolsa, firma que está involucrada en el conflicto por la emisión de 3 mil 300 millones de pesos, cuyos papeles “están en default”.

En conferencia de prensa, O’Farril Santoscoy consideró que las modificaciones a la Ley del Mercado de Valores requieren cuatro “condiciones mínimas” para reducir las posibilidades de fraude: (1) que la empresa emisora tenga estados financieros dictaminados, (2) que intervenga una calificadora de valor, (3) que se exija una certificación sobre gobierno corporativo y (4) renovar la definición de lo que es un inversionista calificado, porque la actual “es una verdadera vacilada”.

Los cambios aprobados en el Senado giran alrededor “una inscripción simplificada de valores”, para facilitar a pequeñas y medianas empresas buscar financiamiento a través del mercado bursátil. Además de considerar que el problema no está como tal en la oferta –el que haya más emisores en la bolsa–, sino en la demanda, “lo que no hay en México son inversionistas”, O'Farril Santoscoy enfatizó que esta desregulación puede amplificar fraudes como en el que se vio involucrado Segalmex, al invertir en colocaciones que no son permitidas a entes gubernamentales.

La advertencia viene de alguien que lleva tiempo en conflicto con Escorfin-Corafi, un par de empresas a las que O’Farril Santoscoy acusa de ser el centro de un desfalco de más de 10 mil millones de pesos “colocados con base en corrupción entre tesoreros de gobiernos estatales, universidades públicas, Issstes estatales y agencias del gobierno federal, como Segalmex y como la administración del patrimonio de la beneficencia pública”, destacó.

En el marco de los diversos destinos que tuvo un presunto desfalco de miles de millones de pesos, la Auditoría Superior de la Federación halló que a través de Liconsa se realizaron inversiones por 850 millones de pesos en certificados bursátiles fiduciarios privados, lo cuál está prohibido por la ley a entes gubernamentales.

En sus estados dictaminados al cierre de 2022, Segalmex mantiene que “al 31 de diciembre de 2021, se recuperaron 72 millones 134 mil 134 pesos de recursos propios que se tenían invertidos en valores privados en CI Casa de Bolsa”, pero no el dinero derivado de la pena convencional atada al contrato.

El presidente de la Comisión de Análisis Económico del IMCP acusó que con un capital de 40 mil pesos Escorfin-Corafi hizo emisiones de miles de millones y al tanto se encuentran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sus organismos y agencias: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera.

“Lo curioso es que este grupo tomó el control de una casa de bolsa (Bursamétrica, fundada por O’Farril Santoscoy) y la autoridad lo ha seguido dejando operar (…) la corrupción por todos lados”, reprochó.

Agregó que el concepto de inversionista calificado “es una verdadera vacilada”. De 10 mil millones de pesos en emisiones que hicieron Escorfin-Corafi, en Bursamétrica se han vendido 3 mil 300 millones de pesos a personas de la tercera edad, jubilados, “que se autodeclaran como inversionistas calificados” y todos esos papeles están en default, dijo.

De acuerdo con la ley, un inversionista calificado básico es una “persona que mantenga en promedio, durante los últimos 12 meses, inversiones en valores por un monto igual o mayor a un millón 500 mil unidades de inversión”.