En mayo de 2007 asesinaron a Aldo Zamora, campesino tlahuica defensor de los bosques del Parque Nacional Lagunas de Zempoala. Su hermano Misael quedó gravemente herido. Un grupo de talamontes fue el autor del crimen. Felipe Calderón, entonces presidente de la República, prometió no descansar hasta detenerlos y juzgarlos. Igual las autoridades del estado de México. Se cansaron muy pronto. En el sexenio de Enrique Peña, menos se hizo por capturar a los integrantes de la banda. Tampoco en la actual administración. En otras entidades del país bandas criminales, cobijadas por la impunidad, asesinan a los defensores de los recursos naturales.

Don Ildefonso, padre de Aldo y Misael, encabezó desde 1998 la lucha contra la tala ilegal en las Lagunas de Zempoala, integradas por unas 120 mil hectáreas con una apreciada biodiversidad. Además de atractivo turístico, es enorme fábrica natural de agua que abastece a varios municipios de los estados de México y Morelos. Produce humedad, capta carbono y regula el clima. Don Ildefonso falleció hace seis años y nunca dejó de luchar pese al drama familiar que vivió. Ni siquiera cuando en 2015 lo detuvieron y encarcelaron nueve meses por un delito inventado por los enemigos del ambiente. En liberarlo jugaron un papel decisivo Amnistía Internacional y el Centro Prodh, tan vilipendiado desde Palacio Nacional en días recientes.

Podría pensarse que en los más de cuatro años de la actual administración, dicho parque nacional y el importante corredor biológico que conforma con Chichinautzin y el Tepozteco (que cubren al menos 30 municipios de los estados de México y Morelos), estaría protegido y los talamontes y sus cómplices, en la cárcel.

No es así. La semana pasada, periodistas de La Jornada mostraron cómo el crimen organizado, en ciertas zonas a la vista de elementos de la Guardia Nacional, impone su ley. Nada detiene el funcionamiento de los aserraderos. Funcionan todo el tiempo. Y en algunos casos, a cargo de familias de comuneros. No los denuncian sus vecinos por temor a represalias o a perder la vida, como ya pasó en varias partes del país este sexenio.

El caso anterior es clara muestra de la cadena de apoyos y encubrimientos que los depredadores del bosque y los beneficiarios finales de la madera tienen en el mundo oficial y, en ocasiones, en las propias organizaciones agrarias. Durante los últimos lustros aparecieron otros depredadores: los “desarrolladores” de fraccionamientos de lujo. Realizan sus negocios gracias a la corrupción de las autoridades del estado de México.

El gran bosque de agua de las citadas entidades lleva 40 años disminuyendo su tamaño y sus beneficios. En ese lapso las instancias oficiales prometieron garantizar su existencia a los integrantes de los pueblos y comunidades afectadas. No cumplieron.

Los reporteros de La Jornada también destacaron la deforestación en una entidad con grave erosión: Tlaxcala. Cómo el poder del narco y los talamontes imponen su ley en los bosques de Chihuahua y Durango. Michoacán ya perdió una tercera parte de su arbolado y con ello, falta el agua. Ni la Ciudad de México se salva de la deforestación, pese a tantas promesas de su actual gobernante.

Hace ocho días comuneros de varios municipios del estado de México interrumpieron durante seis horas el tránsito en la autopista y la carretera libre que une a la capital del país con Toluca. Denunciaron, por enésima vez, la deforestación del Parque Natural de la Marquesa y áreas anexas, vitales para alimentar los acuíferos y evitar el calentamiento global. No ha sido el único bloqueo realizado en distintas partes del país para exigir que las autoridades eviten más daño a la masa forestal.

De nada han valido, pues el año pasado se perdieron por la tala unas 280 mil hectáreas de un patrimonio natural insustituible. Esa cantidad supera más de tres veces las que se benefician con el programa Sembrando Vida. Sigamos con el pesimismo: no hay suficientes recursos del erario para garantizar el buen estado de bosques y selvas. Ni siquiera en las áreas naturales protegidas. Nos esperan años peores por aumento de temperatura, sequía y falta de agua. Los más afectados, los pobres, como siempre. En vez de trabajar para lograr el bienestar nacional, a gobernantes, legisladores y partidos políticos sólo les interesa el tema electoral.