Una crisis institucional es considerada como un momento de cambios profundos y/o con consecuencias importantes dentro de una coyuntura política, social, económica, etcétera, la cual puede ser solventada por transformaciones significativas en las instancias correspondientes. El 10 de junio de 2011 se reformó el artículo 1° de la Constitución Política Mexicana, en donde se reconocieron los derechos humanos establecidos y ratificados en los tratados internacionales y los descritos en esta Carta Magna, siendo uno de los cambios legislativos más significativos en dicha materia y para el país. Es importante recordar que este fue un logro conseguido por actores sociales y organizaciones de sociedad civil en el marco de una coyuntura política donde existía una gran preocupación por los impactos de problemas estructurales y las violaciones sistemáticas de derechos humanos sostenidos por gobiernos autoritarios y represores en el país. Estas modificaciones no sólo implicaron reconocimiento de derechos, sino la construcción de entramados institucionales que permitieran su implementación y seguimiento, tales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el antiguo Instituto Federal Electoral.
A más de una década de estas reformas, con transformaciones institucionales que parecieran contraponerse a los derechos humanos y, en una coyuntura política y electoral trascendental, es menester social reflexionar cuál será el próximo panorama para los derechos humanos en el país. Las crisis actuales de derechos humanos, democracia y gobernabilidad que acontecen en el país son síntomas de un gobierno que juzga a quienes se contraponen a las prácticas autoritarias que contravienen los derechos humanos; que ve a la sociedad civil organizada como contrincante y no como aliada y que considera que no es su responsabilidad garantizar memoria, verdad y justicia a las víctimas, sino relegarlas y despojarlas de su dignidad. Si bien el Estado (en su sentido más amplio) es el que debe respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, también ha sido el principal atacante y obstaculizador de la memoria y verdad para miles de víctimas y sus familiares en la búsqueda de justicia. Y aún más, cómo es que puede garantizar paz y bienestar social cuando ha iniciado con la militarización del país a través de la Guardia Nacional bajo un enfoque securitista, el cual ha incrementado las desapariciones forzadas, los enfrentamientos cada vez más violentos y las violaciones a derechos humanos. Pareciera entonces, que entramos en una paradoja al reconocer que quien debe brindarnos seguridad, paz y bienestar es quien genera las condiciones para que esto no suceda, aliándose con empresas despojadoras de tierras y territorios, así como negociando con el narcotráfico los intereses de ambas partes. Esto produce una crisis histórica y humanitaria en México en la supuesta transformación social que priorizaría a las víctimas y a quienes históricamente han sido violentados y discriminados, mas no un retroceso en sus derechos humanos. Ante la coyuntura política, social y electoral actual, debemos poner atención en que los derechos recuperados a través de luchas y movimientos sociales no sean una carta política que ponga en disputa la continuación o retroceso de los mismos ni que tampoco dependan de una agenda electoral de candidatos y candidatas. Sino que debemos priorizar que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos, sin que se supediten a intereses partidistas bajo el argumento de una representatividad social que no se acompañará después de la campaña electoral.
Por ende, las crisis de gobernabilidad y democracia no deberían poner en crisis a los derechos humanos, sino que éstos tendrían que ser la motivación de la sociedad y los gobiernos para transformar profundamente las condiciones de desigualdad social y económica para la construcción de otros mundos más dignos para todas, todes y todos. Ahora, más que nunca, es importante continuar fortaleciendo el enfoque de derechos humanos y las instituciones encargadas de garantizar su protección y ejercicio para la ciudadanía para que la agenda de derechos humanos no retroceda, sino que se amplíe su garantía y prevenga el incremento de víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos. Asimismo, las y los próximos representantes deberán recuperar la cercanía con la sociedad y abonar a la construcción de la memoria, verdad y justicia, más no convertirse en adversarios de las víctimas. Es decir, ser la voz representativa de los intereses del pueblo y no sólo simuladores de lo que creen que le interesa a la sociedad.
* Coordinadora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC
