Los 37 cargos que se imputan al ex presidente Donald Trump en el caso de los documentos clasificados que sustrajo y escondió cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021 se hicieron públicos ayer. Las acusaciones, contenidas en 49 páginas, incluyen retención de información sobre seguridad nacional, obstrucción a la justicia, falso testimonio y conspirar para ocultar los archivos solicitados por la policía. Con el inicio formal de este proceso, el magnate se ha convertido en el primer presidente de Estados Unidos, activo o retirado, en enfrentar una acusación penal por delitos federales en la historia del país. En marzo se adjudicó el título de primer mandatario imputado penalmente por el escándalo de un supuesto soborno pagado a la actriz de películas pornográficas Stormy Daniels a cambio de guardar silencio sobre un encuentro sexual que, afirma ella, sostuvieron en 2006.
Como todo lo que rodea la carrera política del empresario de bienes raíces, el incidente de los documentos confidenciales se ha revelado de sordidez inusitada. En imágenes del expediente divulgado por el Departamento de Justicia puede observarse que Trump almacenaba decenas de cajas repletas de archivos con información sensible en ubicaciones tan insólitas como un dormitorio, un salón de baile y hasta un baño de su residencia en Mar-a-Lago, Florida.
Aunque el martes deberá comparecer en Florida, se da por sentado que pasarán meses o hasta un año antes de que comience el juicio. Por lo tanto, si Trump logra hacerse de la nominación presidencial del Partido Republicano, su causa podría coincidir con la campaña electoral en la que buscará volver a Washing-ton. Más allá de las responsabilidades que se le finquen o se deslinden en ese proceso, la gran interrogante consiste en por qué el magnate robó semejante volumen de documentos cuyo manejo inapropiado constituye un delito de la máxima gravedad. Aunque sin duda las autoridades harán todo lo posible para contener este riesgo, no puede descartarse que en sus comparecencias Trump use la información privilegiada a la que tuvo acceso para dañar a sus rivales con revelaciones potencialmente catastróficas para los intereses estadunidenses. Las transcripciones de una grabación efectuada en 2021 ya golpearon a Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto nombrado por Trump en 2019, quien continúa en el cargo.
Si la presidencia entera de Trump fue un testimonio incontrovertible de la decadencia de la institucionalidad estadunidense y de la incapacidad de su aparato de Estado para refrenar la insensatez cuando un personaje de estas características accede al poder, el nuevo juicio contra el magnate amenaza con poner al descubierto nuevos aspectos de la superpotencia que su clase gobernante preferiría mantener soterrados.
Al fiscal especial nombrado por el presidente Joe Biden para llevar los casos contra Trump le aguarda la delicada tarea de probar la culpabilidad del ex presentador televisivo, al tiempo que resguarda los secretos de Washington. Todo ello, además, evitando cualquier impresión de que las imputaciones tienen como propósito descarrilar la candidatura del magnate, percepción muy extendida entre las bases republicanas, que ya ha contribuido a galvanizar el voto conservador en torno a su figura.
