Washington. Fiscales federales presentaron ayer una acusación de 37 cargos contra el ex presidente Donald Trump, bajo el argumento de que puso en peligro la “seguridad nacional” de Estados Unidos al quedarse, después de abandonar la Casa Blanca en 2021, con documentos confidenciales en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, algunos de ellos con secretos nucleares sensibles y otros que detallan las posibles vulnerabilidades del país a un ataque militar.

El magnate, quien aspira a un segundo mandato el año próximo, enfrenta cargos como “retención ilegal de información de seguridad nacional” y “obstrucción a la justicia”, según el acta de acusación dictada por un gran jurado en Miami.

Además, se le atribuye haber cometido el delito de falso testimonio y de connivencia con su asistente personal Waltine Nauta, también procesado con seis cargos, como coconspirador, que ayudó a obstruir la investigación sobre la retención de documentos solicitados por la Oficina de Investigación Federal (FBI, por sus siglas en inglés).

Jack Smith, el fiscal especial del Departamento de Justicia que abrió el proceso, presentó la investigación como una defensa de la seguridad nacional e instó al público a comprender el “alcance y la gravedad” de los cargos. “Tenemos un conjunto de leyes en este país y se aplican a todos”, indicó en sus primeras declaraciones públicas sobre el caso, y además precisó: “Las infracciones a esas leyes ponen en riesgo a nuestro país”.

La ley de Estados Unidos obliga a los presidentes a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales una vez que terminan su mandato, y prohíbe almacenar secretos de Estado en lugares no autorizados e inseguros. Al dejar la Casa Blanca en enero de 2021, Donald Trump se mudó a su residencia de Mar-a-Lago y se llevó decenas de cajas llenas de archivos secretos del Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), la Agencia de Seguridad Nacional y otros organismos de inteligencia, de acuerdo con la acusación federal.

Un año después, y tras varias órdenes judiciales, accedió a devolver 15 cajas que contenían casi 200 documentos. Pero la FBI consideró que no había entregado todo y que seguía guardando documentos en su club de Palm Beach. Los agentes efectuaron un cateo el 8 de agosto y se incautaron una treintena de cajas con 11 mil documentos.

Según la acusación, encontraron documentos clasificados “en un salón de baile”, pero también “en un cuarto de baño, en la ducha”, en “un despacho” y en “un dormitorio”.

El material encontrado incluía “información respecto de la capacidad de defensa de Estados Unidos y otros países”, “sobre los programas nucleares estadunidenses” y “temas alusivos a las vulnerabilidades potenciales en caso de ataque a Estados Unidos y sus aliados”. Su potencial “divulgación hubiera puesto en peligro la seguridad nacional y sus relaciones internacionales”, comentó Smith, nombrado en noviembre para supervisar la investigación de forma independiente.

Los fiscales presentaron evidencia de que Trump compartió a los visitantes de su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, en julio de 2021, un “plan de ataque” altamente sensible contra Irán, y fue grabado en una cinta que describía el material de “altamente confidencial” y “secreto”, aunque admitió que no había sido desclasificado. En otro incidente, en septiembre de 2021, compartió un mapa militar de alto secreto con un miembro del personal de su comité de acción política que no tenía autorización de seguridad.

Trump también discutió con abogados la posibilidad de mentir a los funcionarios del gobierno que trataban de recuperar los documentos, almacenó algunos alrededor de un inodoro y movió cajas de ellos dentro de su casa de Mar-a-Lago, en Florida, para evitar que fueran encontrados. “¿No sería mejor que les dijéramos que no tenemos nada aquí?”, comentó el magnate a uno de sus abogados, según la acusación, que consta de 49 páginas.

Trump anunció antier haber sido imputado por la justicia federal por la forma en la que gestionó los archivos de la Casa Blanca, sin precedente para un ex presidente. “Soy inocente”, clamó en su plataforma Truth Social tras conocerse los cargos, y aseguró ser víctima de una maniobra de los demócratas.

Está previsto que el magnate republicano comparezca ante un tribunal de Miami el próximo martes, un día antes de su 77 cumpleaños, por lo que será la primera vez que un ex mandatario de Estados Unidos enfrente cargos federales. De ser declarado culpable, Trump cumpliría las condenas de forma concurrente, el tiempo máximo de prisión al que se enfrenta es de 20 años por obstrucción a la justicia, delito que conlleva la pena más alta.

El caso tiene enormes implicaciones políticas, lo que podría trastornar una elección primaria presidencial republicana que el empresario estaba dominando, y pondría a prueba nuevamente la voluntad de los votantes republicanos y los líderes del partido de seguir con un candidato ahora acusado dos veces que podría enfrentar aún más cargos.

El presidente Joe Biden, también en la carrera para las elecciones de 2024, aseguró ayer que no trató el asunto con el fiscal general, Merrick Garland. “No hablé con él ni hablaré”, declaró a un periodista que le preguntó sobre el tema. De forma paralela, otro fiscal especial investiga el caso de documentos clasificados hallados a principios de año en el antiguo despacho y domicilio del demócrata.

Estos hallazgos, junto a otros del ex vicepresidente Mike Pence, permitieron al empresario restar importancia a la gravedad de la acusación. A diferencia de Trump, Biden cooperó con la justicia al entregar voluntariamente todos los documentos, que eran muchos menos que los de su antecesor.

Por ahora, los republicanos cierran filas en torno a Trump, incluso sus rivales por la nominación presidencial del partido a los que aventaja ampliamente. Los fiscales intentarán darse prisa para que el juicio se celebre antes de las presidenciales. Aunque fuera condenado a prisión antes de los comicios, podría seguir siendo candidato. Políticamente es poco probable que esto desanime a sus partidarios, quienes lo defienden y lo consideran víctima de una artimaña política.

En otro orden, Markus Maly, un hombre de Virginia que dijo a su esposa, y a un jurado federal, que se “divirtió” en el intento de golpe de Estado del pasado 6 de enero de 2021, con el asalto al Capitolio, en Washington, fue condenado ayer a seis años de prisión por agredir a policías durante la insurrección.

La pena para Maly, cuyo oficio es instalador de pisos, es significativamente menor que la pedida por los fiscales, de 15 años y ocho meses.

Un fiscal calificó al acusado, de 49 años, de “delincuente de toda la vida” con 33 condenas previas en su haber, incluidas dos por agresión contra un agente policial. Pero el juez que dictó la sentencia dijo que Maly había cometido la mayoría de sus crímenes cuando era veinteañero. El hombre de Viginia dijo al juez federal Amit Mehta que lamentaba haber viajado a Washington y seguido a la turba de partidarios del entonces presidente Donald Trump hasta el Capitolio. Pero insistió en que sólo “ocupó espacio” en la multitud y negó haber agredido a la policía con aerosol irritante.