Morelia, Mich., Más de 8 mil integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del estado (Staspe) pararon labores ayer, por segundo día consecutivo, y tomaron las instalaciones de las dependencias estatales para exigir el despido de Amalia Hernández González, subdirectora adscrita a la coordinación de Seguridad Integral, a quien acusan de acoso y maltrato laboral.

El dirigente del Staspe, Antonio Ferreyra Piñón, informó que hasta anoche el gobierno estatal, encabezado por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, no había externado su postura ante la problemática que existe con esta funcionaria que desempeña sus labores en Casa Michoacán; “sólo sabemos que trata mal a nuestras compañeras”, dijo.

El dirigente sindical declaró que ante la falta de respuesta de las autoridades, una de la acciones que tienen consideradas es impedir hoy la realización del foro en el que participará el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en el Pabellón Don Vasco.

Ayer, los inconformes se apostaron afuera de Casa Michoacán, así como en el palacio de gobierno y cada una de las secretarías, con excepción de la de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado.

Ferreyra Piñón aseguró que mientras no sean atendidos los empleados estatales, éstos continuarán por tiempo indefinido con las movilizaciones y paros laborales en las dependencias de la entidad y unidades administrativas.

Por su parte, el secretario de Finanzas, Luis Navarro García, señaló que esta protesta es “totalmente injustificada”, porque el gobierno de Michoacán “ha cumplido con las obligaciones que tiene con los trabajadores del estado.

“Se pagó una deuda que data de hace décadas, por más de 500 millones de pesos a Pensiones Civiles; se autorizó un aumento de salario directo de 4 y 1.5 por ciento a prestaciones, y en forma general se ha trabajado bien con el sindicato”, dijo.

En tanto, el dirigente estatal de Morena, Juan Pablo Celis, consideró que el paro de labores del Staspe se trata de un movimiento político y no administrativo, porque a sus miembros no se les han cumplido algunas demandas fuera de la norma.