El gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Economía (SE), admitió ayer a revisión la solicitud que presentó la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, al amparo del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sobre una presunta denegación de derechos colectivos en la planta de autopartes Draxton, ubicada en Irapuato, Guanajuato.

El 31 de mayo la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai invocó por novena ocasión desde que está vigente el T-MEC, el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en Instalaciones Específicas. La solicitud surge a raíz del despido de un dirigente sindical y la interferencia de actividades relacionadas, con el fin de controlar el sindicato en las instalaciones de Irapuato. La revisión también pide verificar si la empresa ha omitido entregar a los trabajadores un ejemplar del contrato colectivo de trabajo tras su revisión el año pasado.

La SE indicó que a partir de la admisión de la solicitud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) cuenta con un plazo de 36 días para investigar y determinar la existencia de posibles violaciones a los derechos de los trabajadores.

“El gobierno de México reitera su compromiso para aplicar en forma efectiva la legislación laboral, así como las disposiciones en la materia establecidas en el T-MEC, garantizando con ello el cumplimiento y protección de los derechos colectivos de los trabajadores del país”, indicaron las secretarías.