El paraje Las Troneras, adonde se llega tras hora y media de andar por un camino de terracería al dejar atrás el pueblo de San Salvador Cuauhtenco, es una muestra de que la explotación clandestina en los bosques de la alcaldía Milpa Alta no cesa, a pesar de que desde hace años prácticamente se erradicaron los aserraderos ilegales.

Apenas se cruzan los cultivos de papa, que por aquí proliferan de un lado y otro de la lodosa vereda, y se adentra en vehículos todoterreno a las verdes faldas del volcán Yecahuazac, en los límites del estado de Morelos –a unos pasos del corredor turístico del Tepozteco–, se puede observar el rastro de Los Talas, como se les conoce a los talabosques en las comunidades rurales.

Las brigadas comunitarias, que tienen como encomienda conservar las 15 mil hectáreas de la zona boscosa, contabilizaron en una semana en este paraje el derribo de 35 árboles centenarios que fueron procesados en el lugar en aserraderos móviles, habilitados con motosierras y cortadoras, con lo que la madera salió en tablones y polines lista en camiones de carga para su venta.

La basura, restos de alimentos, botellas de bebidas alcohólicas y envases desechables, entre los tocones y los montones de aserrín, hacen suponer que, sin prisa, los talamontes se tomaron su tiempo para el derribo de los árboles, sin temor a ser descubiertos.

Y sí, no hay de qué preocuparse. En el recorrido que realizó este diario por la zona devastada, que no es homogénea, sino dispersa, pues se eligen los mejores ejemplares de un lado y otro, sólo se avistó a un grupo de brigadistas andar en el monte. Arturo, jefe de una de las brigadas, contó que se han topado en el camino con los talamontes, pero hasta les franquean el paso, al no contar ni con el equipo ni las facultades para hacerles frente.

En estos parajes, la Guardia Nacional sólo entra en incursiones con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), las cuales son escasas, pues de 2019 a 2023 la representación de Protección Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México reporta 42 operativos, es decir, a razón de diez por año, en promedio, en toda la zona forestal de la Ciudad de México.

A las afueras del casco urbano de San Salvador Cuauhtenco se ubica la única caseta de vigilancia del poblado en el paraje Melcahca. Un adulto mayor, acompañado de dos famélicos perros, es el responsable de levantar la pluma de acceso vehicular y llevar un registro de quién entra y sale del área verde, pero no es por ahí la ruta de los talamontes, que sortean veredas para salir por San Pablo Oztotepec, una comunidad aledaña, o Parres, en la vecina alcaldía Tlalpan.

La tala clandestina en la zona montañosa de Milpa Alta, a decir de los representantes de los bienes comunales de este poblado, floreció a raíz de los permisos que emitieron las autoridades de Medio Ambiente para el aprovechamiento de los árboles que se cayeron durante los vientos registrados, primero, en 2010, y después, en 2016, y desde entonces no ha parado.

“No estamos en los niveles de Topilejo, pero ha comenzado a crecer otra vez. Hacemos las denuncias, pero es mucha la burocracia. Aquí tenemos identificados dos aserraderos, pero nos dicen que necesitan la orden de un juez para entrar, porque están en domicilios particulares. Y para los patrullajes pedimos apoyo de la Guardia Nacional, pero nos han dicho que no tienen vehículos, que todos están concentrados en Iztapalapa”, relatan los comuneros.

San Salvador Cuauhtenco, junto con San Pablo Oztotepec y Santa Ana Tlacotenco, son los poblados de Milpa Alta donde se concentra la explotación ilegal de madera. Su ubicación a la orilla del bosque facilita la incursión de quienes se dedican a la tala clandestina y, a diferencia de lo que ocurre en Topilejo, donde los saqueadores son foráneos, acá la mayoría son habitantes del lugar los que se dedican a esta actividad ilícita, que si bien se vio mermada en 2013, comenzó a repuntar.

“En la época de Miguel Ángel Mancera se hizo un megaoperativo con el Ejército. De los 55 aserraderos que existían sobrevivieron 12, pero hoy en día sólo se conoce de dos en San Salvador, otros dos en San Pablo Oztotepec. Ahora se llevan las trozas al estado de México o en su defecto asierran la madera en el sitio. Son al menos seis las familias que están involucradas, quienes traen en promedio a cerca de 50 personas”, aseguran comuneros de Villa Milpa Alta.

Son pocos, pero no paran ni un día. Bajan diario cuatro o cinco camionetas, cada una con un árbol, con rumbo a los municipios de Juchitepec y Tenango del Aire, en el estado de México. De un ejemplar de 25 metros sólo se llevan los primeros cinco metros, es decir, el tronco más limpio, sin ramas, porque es la madera de calidad y la más cotizada en el mercado.

Sin embargo, lejos de aquel escenario de 2013, cuando los comuneros amagaron con integrar brigadas de autodefensas para resguardar el bosque, en la actualidad literalmente “han bajado las armas” ante el riesgo y el conflicto que se genera en las comunidades.

“Ya no nos metemos, mucha gente dejó de actuar por miedo a las represalias, porque sí han detenido a personas, pero a los tres meses las sueltan y es gente de los mismos poblados. Y los brigadistas no tienen un salario, es un apoyo social de seis mil pesos al mes, sin prestaciones sociales, no vale la pena arriesgarse”, expresan.

En 2018 –recuerdan–, a una brigada integrada por mujeres les quemaron sus vehículos en San Pablo, porque antes se habían hecho operativos nocturnos en los que se detuvo a seis personas y se aseguraron vehículos.

De hecho, ni las brigadas comunitarias que dependen de la Corenader (Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México) están operando al cien por ciento. “En 2018 eran 14 brigadas, que en esta administración aumentaron a 40, pero sólo en el papel, porque algunas sólo se reparten el dinero, pero no suben, otras no tienen vehículos o si tienen, no hay gasolina. Reales son como 18, que se la rifan en los incendios o en la reforestación”, contaron.

Según cálculos de los propios comuneros, se tiene una superficie afectada de 2 mil hectáreas en la zona boscosa. Apenas en abril de este año, la Cámara de Diputados incrementó las penas por tala ilegal para llegar hasta los 16 años de prisión a quien transporte, comercie, almacene o transforme productos forestales maderables, pero aún falta que el Senado ratifique las reformas al Código Penal Federal.