Ciudad de México. A punto de que se cumpla un mes de la entrada en vigor de la política migratoria estadunidense Título 8, el próximo lunes, más de 40 organizaciones y albergues de la sociedad civil pidieron al gobierno mexicano dar a conocer los alcances y el proceso de puesta en práctica del Plan Humanitario Conjunto sobre Migración, que firmó con Estados Unidos.

Recordaron que a través de ese plan, México aceptó recibir hasta mil personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, deportadas por ese país.

El Instituto para las Mujeres en la Migración, Alianza Américas, Apoyo a Migrantes Venezolanos, Bloque Latinoamericano sobre Migración, Casa del Migrante Saltillo, entre otras convocaron a que el gobierno mexicano se reúna con las organizaciones, pues “no existe un programa público sobre cómo ejecutará (el plan humanitario), qué documentos migratorios proporcionará; cómo atenderá las necesidades básicas de salud, educación, vivienda y trabajo; cómo apoyará a los albergues de la sociedad civil”, y qué acciones o medidas se considerarán para garantizar la unidad familiar.

En un pronunciamiento, refirieron que en los primeros días del Título 8, que restringe el acceso al asilo en Estados Unidos, “más de 2 mil 400 personas (de diversas nacionalidades) fueron recibidas por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y transportadas en aviones y autobuses a Villahermosa, Tabasco y Tapachula, Chiapas, en un intento por alejarlas de la frontera norte y de organizaciones de la sociedad civil que pueden orientarlas.

“Estas personas fueron deportadas bajo una nueva regla que requiere que antes de cruzar la frontera con Estados Unidos para pedir protección, lo hayan solicitado en algún país por el que transitaron”, señalaron.

El acuerdo entre el gobierno estadunidense y mexicano “representa una transgresión mayor a la ley mexicana de asilo y refugiados, al derecho internacional de protección y contraviene la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (302/2020) de octubre de 2022, en la que se resolvió que el Estado mexicano debe contar con un proceso claro de protección para las poblaciones recibidas desde Estados Unidos como consecuencia de acuerdos bilaterales, publicarlo en el Diario Oficial de la Federación e incorporar una perspectiva de género y protección a niñas, niños y adolescentes”, aseveraron.

Asimismo, señalaron que el gobierno de Joe Biden “ha implementado una serie de acuerdos políticos con México y países Centroamericanos, disfrazados de responsabilidades compartidas, para contener la migración, sin importar que represente una externalización de sus fronteras y la transgresión de las legislaciones nacionales e internacionales, colocando a las personas en riesgo, no solo de ser regresadas a los contextos de los que escapan sino a los riesgos que implica el camino”.