Las impugnaciones de legisladores del PAN, PRI y PRD a la nueva ley de minería benefician a las empresas que por 31 años tuvieron una legislación con la que violaron derechos, contaminaron el agua y destruyeron el medio ambiente. Los diputados ignoraron los llamados de integrantes de comunidades, académicos y organizaciones que les explicaron los avances de la nueva legislación, señalaron los colectivos Cambiémosla Ya y Alianza por la Libre Determinación y Autonomía.

Precisaron que con esa acción de inconstitucionalidad contra la ley de minería impugnan derechos como la consulta y el consentimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos, que deben ser garantizados porque son obligaciones del marco convencional de los derechos humanos y de la Constitución Mexicana.

En un comunicado consideraron grave que los representantes populares sean “incapaces de salvaguardar los derechos de las comunidades y posicionarse más allá de sus pugnas políticas. Con esta decisión, ignoran las voces de comunidades y miles de personas de todo el país”.