Monterrey, NL., La confrontación entre el gobernador Samuel García, de MC, y los diputados locales de PRI y PAN, quienes son mayoría en el Congreso de Nuevo León, se originó a raíz de que 28 alcaldes de dichos partidos acusaron a la administración estatal de no haberles entregado la totalidad de un fondo que les corresponde, de 2 mil 500 millones de pesos, y también debido a la pretensión de ambas bancadas de nombrar fiscal del estado al priísta Adrián de la Garza Santos, a lo que se opone el mandatario.

El 5 de octubre de 2022 renunció el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, quien permaneció en el cargo por cuatro años y de inmediato fue designado encargado de despacho Pedro José Arce Jardón, quien fungía como vicefiscal jurídico en la institución.

Posteriormente, el 13 de octubre, el Congreso local aprobó la convocatoria pública para el nombramiento del nuevo titular del organismo y el 8 de noviembre, sin el respaldo de la bancada emecista, avaló la terna de aspirantes.

Entre estos últimos estaban Pedro Arce, actual encargado; Guadalupe Saldaña, ex director de la Agencia Estatal de Investigaciones; Genaro García de la Garza, ex secretario del ayuntamiento de Monterrey y Adrián de la Garza Santos, ex procurador de Justicia, ex alcalde de la capital del estado y candidato del PRI a la gubernatura en 2021, quien fue derrotado por Samuel García.

El gobernador estaba de viaje en Egipto, donde participó en la cumbre mundial sobre cambio climático, pero no esperó a regresar para enviar un oficio al Legislativo en el que le dio a conocer que ejercía su derecho constitucional de veto para frenar la inclusión de De la Garza en el proceso de selección.

“La fiscalía no debe ser una cuota política, porque sobre esa institución recae la responsabilidad de garantizar la seguridad y la justicia de Nuevo León. Quien sea designado fiscal debe tener un perfil independiente, preparado, entrón, profesional, con experiencia técnica, dispuesto a coordinarse con Fuerza Civil”, puntualizó en el escrito, el cual publicó el 11 de noviembre en su cuenta de Facebook.

Ese mismo día, la diputada federal del PRI Marcela Guerra anunció que se promovería un juicio político contra García Sepúlveda por violar la Constitución y los derechos de los neoleoneses al negar la liberación de recursos a los municipios.

Más de dos meses después, el Congreso de Nuevo León, a través de la Comisión Anticorrupción, acordó iniciar un juicio político contra el mandatario por no presentar a tiempo el presupuesto de egresos de 2023 e incumplir con la publicación de decretos avalados por el Legislativo; no obstante, un juzgado federal con sede en el estado de Tamaulipas le otorgó un amparo al emecista.

El episodio más reciente de este conflicto ocurrió el pasado miércoles; Samuel García alertó en sus redes sociales de un intento de irrupción de agentes ministeriales armados a la Torre Administrativa, donde despachan la mayoría de las secretarías del estado.