Guanajuato, Gto. El rector general de la Universidad de Guanajuato (UG), Luis Felipe Guerrero Agripino, acompañado de unos 70 directivos y alumnos, ingresaron, sin autorización, a las oficinas del periódico El Correo para exigir el derecho de réplica por una nota de portada publicada en el rotativo estatal.

“Avergüenza a estudiantes y egresados caída de Universidad de Guanajuato en ranking”, fue la cabeza de la nota de portada, del Periódico El Correo, que generó la movilización del rector y los directivos de la UG.

La nota firmada por Staff refiere que “el desplome que ha sufrido la Universidad de Guanajuato en los rankings más reconocidos a nivel mundial durante la gestión de Luis Felipe Guerrero Agripino, ha desbordado los reclamos, críticas y lamentaciones de la comunidad estudiantil, egresados, docentes y familias de alumnos de la casa de estudios”.

La UG hizo una transmisión en vivo, en su página oficial de Facebook, desde el momento que llegaron a las instalaciones de El Correo, cuando ingresan, cuando salen y tienen una interacción con el reportero de El Correo, Alejandro Sandoval, quien grababa el hecho.

Antes de ingresar a las instalaciones, Luis Felipe Guerrero afirma que El Correo ha publicado notas donde difunde datos inexactos que “afectan el prestigio de la Universidad de Guanajuato”.

Con las notas parece que la UG está en declive, “que lo que hacemos no tiene sentido” y “el motivo de estar aquí, es ejercer un derecho que está en la Constitución, que es el derecho de réplica”, argumentó el catedrático.

Posteriormente se acercan a la entrada del rotativo y el titular de Comunicación Social de la UG, Rodrigo Nájera Trujillo, le pide al guardia que les permitan entrar y el empleado responde que “no hay nadie”.

El guardia abre la reja porque va salir una camioneta y Nájera se acerca al conductor y le pide hablar con la directora, María Clara Puente.

“Lo que pasa es que no tengo comunicación con la contadora”, responde el trabajador. Inmediatamente Rodrigo Nájera pide a la comitiva que lo acompañen a las oficinas e ingresan todos al área de tallares.

Ahí se encuentran con una ejecutiva de Ventas a quien le piden hablar con la directora y también les dice que no se encuentra. El grupo de directivos y estudiantes estuvo más de 40 minutos en las instalaciones del rotativo, hicieron pronunciamientos y gritaron consignas.

Cuando abandonaron los talleres, en el acceso principal el rector afirmó que están a favor de la libertad de expresión, del derecho de los ciudadanos de ser informados y del derecho de réplica, pero “no hemos sido escuchados, ¿nos pueden permitir salir?”.

Uno de los integrantes del grupo manifiesta que les dicen que no les permiten salir, que los están secuestrando, pero instantes después la reja fue abierta.

El Correo

El periódico El Correo puso una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos e integrantes del Consejo Estatal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas solicitaron una sesión extraordinaria para analizar las acciones realizadas por los directivos de la UG.

El rotativo acusó que “sin una comunicación previa, autoridades de la UG encabezadas por el rector Luis Felipe Guerrero Agripino y su responsable de Comunicación Social, Rodrigo Nájera, allanaron las oficinas de Periódico Correo la tarde de este jueves. El argumento fue ejercer el derecho de réplica ante las recientes notas que ha publicado el medio al respecto de la Universidad de Guanajuato”.

En su página web, El Correo resalta que los directivos ingresaron sin permiso cuando el guardia abrió el portón para que un trabajador saliera del inmueble.

“Así, el rector de la UG y la gente que acarreó cometieron el delito de allanamiento”, acusó y menciona que el artículo 178 del Código Penal marca que “a quien se introduzca o permanezca sin permiso de una persona autorizada en el domicilio de una persona jurídica colectiva, pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público fuera de las horas de apertura, se le impondrá una sanción de seis meses a tres años de prisión y de cinco a treinta días multa. Este delito se perseguirá por querella”.