Un grupo de padres y madres de estudiantes de la Universidad La Salle (ULSA), campus Nezahualcóyotl, denunció que las autoridades de dicha escuela han mostrado una actitud “omisa” ante el caso de un ex alumno que ingresó al plantel con un arma de fuego y amenazó a sus ex compañeros, al tiempo que las autoridades del colegio aseguraron que sí han realizado diversas acciones de seguridad antes y después de dicho incidente.

En entrevista con La Jornada, los padres inconformes –quienes prefirieron no mencionar sus nombres– explicaron que el pasado 19 de abril un joven expulsado de la universidad por “faltas reiteradas” al reglamento de la escuela ingresó a la misma con un maletín en el cual guardaba una pistola.

Al llegar a la puerta de un salón donde se imparten materias de la licenciatura en criminalística y criminología, el ex alumno fue visto por varios estudiantes a quienes había amenazado de muerte. Un docente lo identificó y le pidió que saliera, sin que se llamara a la policía para detenerlo.

Según los padres y su asesor legal, el ex alumno no mostró el arma en el aula, pero le tomó fotos en el baño y las subió a redes sociales con mensajes intimidatorios contra estudiantes y maestros, y una vez afuera del plantel se la enseñó a los docentes que lo acompañaron hasta su auto.

Según los inconformes, el joven expulsado amenazó a sus ex compañeros “a petición” de un grupo de estudiantes supuestamente responsable de diversos robos dentro de las instalaciones, contra el cual se quejaron las víctimas de los hurtos.

“Los directivos han incurrido en omisiones porque, nos dijeron, les preocupa el nombre y el prestigio de la universidad y no quieren verse involucrados en el tema, pero a nosotros nos angustia la seguridad de nuestros hijos y de los maestros que han sido amenazados. La escuela no fue capaz de hacer nada o no quiso hacerlo”, acusó uno de los padres.

Asimismo, refirieron que las autoridades de la ULSA Neza cometieron un error al abrir una denuncia ante la fiscalía mexiquense por “uso de explosivos prohibidos”, cuando dicha falta no está tipificada en el Código Penal del estado, y después replantearon la queja por el delito de “lesiones sicológicas”.

Al ser consultada sobre el tema, la directora general académica del plantel, María de los Ángeles Coronel Perea, negó que las autoridades hayan sido omisas en el caso, pues se han reunido en más de ocho ocasiones con los padres afectados y le han dado seguimiento a la denuncia interpuesta ante las autoridades del estado de México.

“Los papás no pueden decir que no hemos hecho nada. La universidad ha hecho muchas cosas, no sólo para atender el problema de las amenazas, sino también para mejorar la seguridad dentro del campus. La próxima semana tenemos pláticas con autoridades de Seguridad Pública, que van a participar en una Jornada Lasallista de Prevención y Seguridad”, indicó.

La funcionaria envió a este diario un listado con 15 acciones realizadas en este ámbito, entre ellas la presentación de una denuncia de hechos, la solicitud de que la policía haga rondines de vigilancia, pedirle a alumnos y visitantes que muestren obligatoriamente sus identificaciones, y la elaboración de un diagnóstico de seguridad.