En la tala ilegal de bosques y selvas del país la presencia del crimen organizado es creciente y se ha vuelto imparable. Domina ejidos y comunidades forestales, donde arrasa con el arbolado, ante la desazón de los pobladores, muchas veces amenazados. Ejerce control sobre autoridades, que terminan por fingir no ver el problema, y hay casos en que se vuelven cómplices de los talamontes. La madera obtenida de manera irregular termina por venderse a la vista de todos, en los mercados legales y se convierte en muebles y en materiales de construcción.

Los bosques favorecen la recarga de acuíferos, funcionan como “fábricas de agua”, son el hábitat de vida silvestre y además capturan carbono, relevante en el contexto de cambio climático. En las zonas donde la tala ha sido intensiva, se ha perdido hasta la mitad de la vegetación, la escasez de agua predomina, ha crecido la inseguridad en las comunidades y defensores de bosques han sido asesinados, como Isidro Baldenegro y Julián Carrillo en Chihuahua, reveló información de corresponsales de La Jornada.

En las regiones forestales habitan 12 millones de personas y hay 16 mil 944 ejidos y comunidades. En 20 estados existen 122 zonas críticas por “distintos ilícitos”, como tala ilegal, lavado de madera, extracción de troncos sanos, sobrexplotación de recursos forestales, entre otros problemas, indicó la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Entre esas zonas están Huitzilac, Morelos, donde la gente no denuncia por temor; en Ocuilan, estado de México, autoridades municipales se cansaron de pedir apoyo al gobierno estatal; en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, es un problema permanente, y en Guerrero la delincuencia se aprovecha de conflictos ejidales para talar. Y entre las especies comerciadas ilegalmente hay desde pino, encino, caoba hasta granadillo, que tiene demanda en el mercado chino.

Hay múltiples métodos para llevar a cabo la tala ilegal y operaciones de “lavado” de madera, entre ellos están la falsificación de permisos y autorizaciones; sobornos para obtener autorizaciones de aprovechamiento forestal; talar volúmenes mayores a los concesionados, y mezclar madera legal e ilegal, durante el proceso de transporte a los aserraderos, indica el reporte Comercio ilegal de madera y aplicación de la ley para protección de los bosques, del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados.

Esto ocurre ante omisiones de las fiscalías, de autoridades locales y federales, y la limitada presencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que tan sólo dispone de 432 inspectores para la vigilancia de bosques, industrias y tráfico de vida silvestre en el territorio nacional.

Cuando ocurre la tala ilícita se debilita al ecosistema, ya que generalmente se extraen los mejores árboles, “se hacen matarrasas, sin buscar el renuevo. Se llenan los vehículos con los trozos y se deja el área expuesta al sol, a la lluvia, el suelo se lava, se erosiona”, lamenta Salvador Anta, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (Ccmss).

En cambio, “con los programas de manejo de bosques y selvas de ejidos y comunidades se hace un inventario de los árboles y planes de intervención. Se extraen las plantas menos conformadas, las que están chuecas, para dejar que la masa forestal siga creciendo. Hay actividades complementarias que permiten que el bosque se mantenga. Se asegura que haya suficiente renuevo para que el arbolado derribado vuelva a crecer y se trabaja en pequeñas áreas, con asesoría técnica, permisos y supervisión gubernamental”, indicó.

Cherán, Michoacán, es un ejemplo a nivel nacional, pues expulsó al crimen organizado y a las autoridades que lo apoyaban en el saqueo de madera. La comunidad recuperó su territorio, los bosques y la vida silvestre.

En 2021, el consumo nacional de madera en rollo fue de 34.37 millones de metros cúbicos, de las cuales sólo se cubrió con producción nacional un poco más de la cuarta parte, 9.3 millones, y se importaron 28.9 millones de metros cúbicos. El país dispone de 138.7 millones de hectáreas forestales, de las cuales, según la Conafor, 208 mil al año en promedio son deforestadas y la tala ilícita contribuye a este problema.

Causas de la tala clandestina

Entre los factores que explican la tala ilícita está la debilidad institucional que se presenta desde hace 15 años. La aplicación de la ley es muy limitada, no hay personal ni estrategias claras de cómo enfrentar el problema, “al no existir acciones institucionales para frenarlo, el problema sigue, se incrementa y se tiene la presencia del crimen organizado”, sostiene en entrevista Salvador Anta, del Ccmss.

El personal de la Profepa está concentrado en las principales ciudades, no en el territorio donde debería estar, lo que hace poco eficiente y efectiva la vigilancia. Se carece de información precisa de la gravedad del problema, sólo hay estimaciones, “se habla de que hay una producción de madera ilegal, equivalente a la autorizada anualmente”.

Otro factor que provoca esta ilegalidad es que “hay muchos pequeños productores o gente que vive en los bosques, con pequeñas superficies, y se enfrentan a un esquema legal que no ayuda para buscar los permisos. Lo que tendría que existir son esquemas más flexibles para que la gente con predios forestales los aproveche y aseguren su existencia. Un esquema sería promover la asociación de pequeños productores”.

También tiene que ver que ante la falta de acciones y de atención institucional esa laguna es aprovechada por el crimen organizado en varios lugares, “crece, se amplía y se apodera de territorios donde la gobernanza o las capacidades comunitarias son débiles”.

Además hay confusión en el gobierno entre deforestación y tala ilegal. “La primera tiene que ver, sobre todo, con el cambio de uso de suelo por la presión de cultivos agrocomerciales: soya, caña, ganadería”. Y en la tala el objetivo es la extracción de la madera.

El destino de la madera ilegal

La tala clandestina crea un sistema de competencia en condiciones favorables para los ilegales y adversas para los que explotan legalmente los recursos forestales, es así que la madera ilegal se encuentra en los mercados a precios más bajos y su consumo es mayor, lo cual impacta en las ventas del producto lícito, menciona Salvador Anta.

La madera obtenida ilegalmente se comercializa por varias vías. Hay muchos mercados locales. “En Oaxaca está la central de abastos, donde se sabe que hay producto ilegal y se vende de manera pública. Algunas empresas la adquieren y posteriormente esa madera se vende en muebles que están en las esquinas de las calles en las ciudades, en mercados”.

Para comercializar esa madera se da “lavado”, es decir, se usa documentación expedida por Semarnat para movilizar madera ilegal que viene de predios sin manejo forestal o de sitios autorizados donde se saca más de la autorizada.

También ocurre que en los sitios donde se dieron permisos de extracción de madera para dar saneamiento al bosque, se corta la que no tiene afectación de plagas o enfermedades y al no haber vigilancia, sobre todo cuando son rentistas y ofrecen a un industrial la posibilidad de entrar a trabajar a los bosques con permisos, extraen madera sana y la hacen pasar como si estuviera plagada, explica.

Ante este panorama, “hay que enfrentar el crimen organizado, acotarlo, buscar que participen las fuerzas del orden público, cuando las cosas son extremadamente graves. Pero lo más importante, en que se debería trabajar mucho, es en fortalecer a los propietarios de ejidos y comunidades, para que sean los principales guardianes y quienes se encarguen de mantener el recurso, ya que de ellos viven”, apunta.