La justicia penal en México muestra una tendencia al estancamiento; el promedio de este rubro en todas las entidades continúa siendo de los más bajos, a pesar de que se registraron incrementos marginales de puntaje en 16 estados del país, revela el Índice de Estado de Derecho en México 2022-2023.

El diagnóstico que por quinto año consecutivo elaboró World Justice Project muestra que la falta de eficacia en las investigaciones de ministerios públicos y la policía sigue siendo un problema serio en el país, debido a las deficiencias que hay en el personal y las violaciones a los derechos humanos. Esto, señala el estudio, refleja una muy alta “cifra negra” por los delitos que no son reportados.

Este índice revela que en materia de justicia penal, las 10 entidades que tienen más deficiencias son Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Morelos, Quintana Roo, Chiapas, estado de México, Guerrero, San Luis Potosí y Jalisco –de las cuales ocho tienen gobernadores de Morena–, donde están por debajo de la media nacional.

Las entidades con mejores puntajes en materia de justicia penal son Querétaro, Sinaloa, Guanajuato, Aguascalientes, Coahuila, Yucatán, Colima, Zacatecas Nayarit y Baja California Sur.

Los resultados de las encuestas realizadas cara a cara en 12 mil 800 hogares, así como a más de 2 mil personas vía telefónica, además de cuestionarios a especialistas en justicia penal, laboral y salud pública, también indican que la efectividad de la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa para actuar como contrapeso efectivo al poder público es débil en 20 estados del país. Sólo 11 entidades muestran un avance en este rubro.