La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió una investigación de oficio sobre la presunta ejecución de cinco civiles armados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 18 de mayo.

En tanto, si bien la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoció que el presidente Andrés Manuel López Obrador expresara en su conferencia matutina que una acción como ésta “no se puede permitir”, manifestó su preocupación por lo sucedido e instó a las autoridades civiles a asegurar una investigación “independiente, efectiva y exhaustiva, que incluya la cadena de mando”.

En un video difundido el martes pasado, se observa cómo después de que una camioneta con cinco ocupantes choca contra un muro, los soldados que les dieron alcance los bajan, los desarman, les quitan sus chalecos antibalas, los golpean y someten. Minutos después se aprecia que los militares simulan estar en un enfrentamiento al hacer detonaciones hacia diferentes zonas sin que se observe si son agredidos por alguien, lo que aprovechan para disparar a los sujetos sometidos.

En un comunicado, la CNDH señaló que entró en comunicación con la Sedena y la Fiscalía General de la República (responsable de investigar los hechos) para recabar la información necesaria y documentar la actuación de los elementos castrenses con el fin de determinar la existencia de violaciones graves a derechos humanos y emitir la resolución que corresponda.

Agregó que en cuanto tuvo los primeros indicios de posibles violaciones a las garantías fundamentales inició la indagatoria y privilegió la atención a las víctimas, así como la integración de los elementos probatorios, “evitando toda exposición mediática que interfiera en ellas”.

La ONU-DH México indicó en redes sociales que la sanción, rendición de cuentas, mecanismos de control efectivos y acceso a información son elementos claves para prevenir la repetición de hechos similares. Insistió en la necesidad de que la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad se ajuste a lo prescrito por los estándares internacionales de derechos humanos.

Clima de impunidad

En tanto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos coincidieron en que lo sucedido en Nuevo Laredo no es un hecho aislado y debe ser investigado.

Amnistía Internacional México y el colectivo Seguridad sin Guerra expresaron también su preocupación por el “clima de impunidad en el que operan actualmente las fuerzas armadas” en el país.

Expresaron que los hechos de Nuevo Laredo no pueden entenderse de forma aislada, “sino que reflejan los procedimientos con los que las fuerzas armadas han actuado en los pasados 16 años en México al realizar funciones de seguridad pública que corresponden a autoridades civiles”.