Chilpancingo, Gro. El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, advirtió que el fallo que emitió el pasado 5 de los corrientes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde resolvió la acción de inconstitucionalidad 133/2022 que interpuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “abre las puertas para una persecución y encarcelamiento a los pobladores indígenas y afromexicanos que integran la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas-Policía Comunitaria(CRAC-PC).

En conferencia de prensa en esta capital en donde estuvo acompañado por los asesores de la CRAC-PC, Rubén Cayetano García, Uriel Leal Ramírez, Fernando Xochihua Sanmartín, y por los coordinadores de las casas de Justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec, Las Juntas Caxitepec, anunció que ya “prácticamente no podemos hacer nada ante la SCJN, por lo que junto con el equipo de asesores y coordinadores de la Policía Comunitaria, vamos a analizar el presentarnos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se la instancia que evalúe, y revise esta situación”.

En la rueda de prensa, Martín Rosales, coordinador de la Casa de Justicia de Espino Blanco, ubicada en el municipio de Malinaltepec, en la Montaña Alta de Guerrero, dio lectura al posicionamiento de las cinco casas de justicia bajo el título: “El Supremo poder neocolonial pisotea los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano”.

En el mismo señaló que “en su fallo (la SCJN) consideró que el Congreso del Estado de Guerrero cumplió con las fases preconsultiva, informativa, diálogo, deliberación y decisiva que debe revestir la consulta, además dijo que esta fue libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada”.

Los pueblos indígenas y afromexicano “condenamos la resolución de la SCJN ya que es un fallo emitido desde la comodidad de los escritorios de los ministros. Se limitaron a realizar un análisis de documentos fabricados por el Congreso del Estado en que se asientan diálogos, asambleas, deliberaciones y decisiones que no se realizaron de manera efectiva”.

Los ministros “no tomaron en cuenta los cientos de actas levantadas en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que daban cuenta que el Congreso del Estado nunca informó de la reforma indígena ni realizó diálogo alguno con los pueblos, tampoco participamos en la elaboración del protocolo de consulta. Trabajadores del Congreso y asistentes de los diputados pagados se desplazaron a varias comunidades para recabar firmas y realizar reuniones rápidas sin información para los pueblos mucho menos se permitió la discusión y análisis acucioso de la reforma que planteaban”.

Con la presente resolución la SCJN “flexibiliza los requisitos de la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos permitiendo que las autoridades con simples trámites burocráticos y el llenado formal de documentos simule consultas que nunca se realizaron en los pueblos y comunidades. Se privilegia los formalismos documentales prescindiendo de verificar si en la vida fáctica las comunidades fueron informadas, dialogaron, deliberaron y tomaron decisiones libremente”.

Otros aspectos de inconstitucionalidad de la reforma del Congreso “no fueron analizadas de oficio por la SCJN, tales como la falta de armonización legislativa de las leyes locales con los tratados internacionales y la constitución política y el principio de progresividad que obliga a las autoridades a abrogar derechos ya reconocidos como es el caso de la Ley 701 del 2011 aprobada por la legislatura de ese tiempo”.

La SCJN agregó “se erige en el Supremo poder neocolonial que pisotea a los pueblos indígenas y Afromexicano desconociendo nuestros derechos, cual fiel capataz de las élites económicas y políticas da continuidad a la opresión y discriminación de nuestros pueblos y nos condena a seguir siendo vasallos de los ladinos y mestizos, ciudadanos de tercera, sobreviviendo en la pobreza extrema y exclusión social”.

Sin rubor alguno “resuelve favorable los amparos y otras acciones que promueven las elites políticas y económicas de este país contra los proyectos del presidente de la República, pero a los pueblos por ser indígenas y pobres somos aplastados por la bota judicial de los ministros con vocación neocolonialista”.

A los diputados de Guerrero, a los ministros y a los gobiernos neocoloniales les decimos, “los pueblos indígenas hemos resistido por más de 500 años, somos herederos de grandes civilizaciones y formamos parte de este país, contribuimos a la conformación y consolidación del estado democrático, por lo tanto, no son los gobiernos e instituciones con modelos occidentales quienes reconozcan nuestros derechos, no les vamos a pedir permiso para ejercer nuestros derechos. Seguiremos cuidando nuestras tierras y territorios, no permitiremos la entrada de las empresas extractivistas, seguiremos brindando seguridad y justicia en nuestros pueblos sin permitir que la delincuencia coludida con el gobierno penetre nuestros territorios, nuestras asambleas seguirán nombrando nuestros gobiernos comunitarios y seguiremos impulsando la creación de nuestros municipios indígenas y afromexicanos”.