La justicia penal en México muestra una tendencia al estancamiento. El promedio de este rubro en todas las entidades continúa siendo de los más bajos a pesar de que se registraron incrementos marginales de puntaje en 16 estados del país, revela el Índice de Estado de derecho en México 2022-2023.

El diagnóstico que por quinto año consecutivo elaboró la organización World Justice Project muestra que la falta de eficacia de las investigaciones de Ministerios Públicos y la Policía sigue siendo un problema serio en el país, debido a las deficiencias que hay en el personal y el no respeto a los derechos humanos. Esto, señala el estudio, refleja una muy alta “cifra negra”, por los delitos que no son reportados.

Los resultados de las encuestas realizadas cara a cara en 12 mil 800 hogares, así como a más de 2 mil personas vía telefónica, además de cuestionarios a especialistas en justicia penal, laboral y salud pública señalan que la efectividad de la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa para actuar como un contrapeso efectivo al poder público es débil en 20 estados del país. Solo 11 entidades muestran un avance en este rubro y son Guanajuato, Chihuahua, Querétaro, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California Sur, Coahuila, Hidalgo, Tlaxcala y Oaxaca.

Asimismo, hay un rezago en la lucha contra la corrupción. Al igual que en años anteriores, esta edición del Índice muestra una tendencia al estancamiento en ausencia de corrupción, la cual cayó en 7 estados (Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Quintana Roo, Sonora y Zacatecas) y se mantuvo en los mismos niveles bajos en 10 entidades.