Madrid. El presidente Gustavo Petro solicitó ayer a la fiscalía que investigue a funcionarios pertenecientes a la administración de su antecesor Iván Duque en una supuesta trama de corrupción por la venta de aviones, buques, submarinos astillero, corbetas militares y jets M-346 de dos empresas italianas al gobierno de Colombia.
Con valor de 4 mil 280 millones de dólares, el contrato, que fue cancelado, contemplaba la compra del equipo militar producido por el gigante de la defensa Leonardo y el astillero Fincantieri, empresas italianas con participación pública.
En el caso, investigado desde hace tiempo por la fiscalía de Nápoles, están involucrados ocho italianos, entre los que figuran el ex premier Massimo D’Alema y cuatro colombianos, entre los que aparece la ex vicepresidenta y ex canciller Marta Lucía Ramírez, informó el diario italiano Corriere della Sera.
Petro tuiteó: “80 millones de dólares en sobornos se iban a distribuir por compra de equipos militares navales entre una empresa italiana y altos funcionarios del anterior gobierno. La investigación italiana avanza. Solicito a la fiscalía iniciarla en Colombia”.
La fiscalía de Nápoles abrió indagatorias y registró ayer los domicilios y oficinas de D’Alema, Alessandro Profumo, ex presidente de Leonardo, y Giuseppe Giordo, ex jefe de la división de buques militares de Fincantieri.
Ramírez tuiteó ante las acusaciones: “ni como vicepresidenta tuve funciones relacionadas con compra de equipo militar ni como canciller recibí información sobre el escándalo contra el ex premier de Italia Massimo D’Alema. La embajada de Colombia manejó el tema con los ministerios de Defensa de ambos países”.
Van por Massimo D’Alema
El ex ministro de Defensa Diego Molano afirmó que la investigación es contra de D’Alema, alegando que el gobierno de entonces, presidido por Duque, “alertó” a las autoridades italianas de “sospechas” sobre negociaciones “por fuera de la institucionalidad”.
En otra crisis interna, la coalición oficialista Pacto Histórico anunció que denunciará ante la cámara baja al fiscal general, Francisco Barbosa, por instar, presuntamente, a miembros de la fuerza pública a cometer actos de “insubordinación y desobediencia”, lo que constituye delitos de sedición y conspiración, en medio de un caso de escuchas ilegales que afectan al gobierno de Petro.
“El fiscal Barbosa, más que actuar como jefe de la Fiscalía ha decidido empezar a intervenir abiertamente en política y por lo tanto abandonar de alguna manera el mandato constitucional para convertirse tristemente en vocero de la oposición”, acusó la senadora oficialista María José Pizarro.
Espaldarazo al diálogo con el ELN
El proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional recibió un espaldarazo luego de que la fiscalía general aceptó suspender las órdenes de captura que pesaban contra el jefe máximo de esa organización, Antonio García. La decisión obedeció a una petición de Petro y se dio “con fundamento en el principio de colaboración armónica entre los poderes públicos”.
