San Salvador. La fiscalía de El Salvador acusó ayer al ex presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) por su presunta vinculación en el crimen de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres cometido por el ejército durante la guerra civil (1989-1992).

“Este día se ha presentado el dictamen de acusación contra los imputados por los asesinatos. Consta en las investigaciones que el ex presidente Cristiani estuvo en la reunión donde se coordinó el crimen y autorizó su ejecución”, consignó la fiscalía en Twitter.

Según el fiscal Rodolfo Delgado, el ex presidente “huyó” del país.

Cristiani negó las acusaciones y en un comunicado sostuvo que la fiscalía actúa de “mala fe” y con “claro desprecio a la verdad”.

Uno de los fiscales vinculados al caso del crimen de los jesuitas declaró que al ex mandatario y otras siete personas se les imputan los delitos de “homicidio, actos de terrorismo y conspiración para cometer actos de terrorismo”.

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de una ofensiva guerrillera sobre San Salvador, efectivos del ahora proscrito batallón Atlacatl perpetraron la matanza en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Las víctimas fueron el hispano-salvadoreño Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, además de los salvadoreños Joaquín López, Elba Ramos y su hija Celina, menor de edad.

La investigación determinó que días antes de la matanza, Cristiani sostuvo “varias llamadas telefónicas” con Ellacuría.

“En una de las llamadas, Cristiani le asegura que no debe preocuparse por el registro que se ejecutaba en la UCA (días previos a los asesinatos) y le pide que permanezca tranquilo y en el lugar. Son más de 20 testigos los que confirman estos hechos”, detalló la fiscalía”.

En otro orden, el director de la policía, Mauricio Arriaza Chicas, sugirió que políticos y periodistas involucrados en una tregua entre pandillas y gobierno, pactada en 2012, enfrentarán procesos judiciales en los que deberán responder por el deito de “apología de la violencia”. No precisó a qué periodistas se refería ni cómo es que habrían participado en dichas negociaciones.