El parque ecológico, turístico y recreativo Zempoala-La Bufa, llamado oficialmente Parque Otomí-Mexica, al que ecologistas denominan Gran Bosque de Agua, enfrenta diariamente los embates de desarrolladores inmobiliarios, así como de talamontes y dueños de aserraderos clandestinos. Estos últimos, protegidos por grupos armados, restan masa forestal al corredor, que se extiende por 17 municipios mexiquenses ubicados entre la Ciudad de México y Morelos.

“Ya no se escuchan las aves del monte, al correcaminos no lo vemos ya, muchos animales ya no están, ahora hasta da miedo subir al bosque porque hay hombres armados que protegen aserraderos o la tala”, afirmó un integrante de la Unión de Pueblos Originarios, Comunales y Ejidales del Gran Bosque de Agua.

El pasado 5 de junio, defensores del Parque Otomí-Mexica bloquearon durante casi seis horas la autopista y la carretera libre México-Toluca para divulgar el grave problema de tala clandestina en la región de bosques mexiquense declarada área natural protegida en la Gaceta General de Gobierno estatal el 8 de enero de 1980.

La reserva ecológica, de 105 mil 875 hectáreas, abarca bosques de los municipios mexiquenses de Capulhuac, Huixquilucan, Isidro Fabela, Jalatlaco, Jilotzingo, Jiquipilco, Lerma, Nicolás Romero, Ocoyoacac, Ocuilan, Otzolotepec, Tianguistenco, Temoaya, Villa del Carbón, Naucalpan y Xonacatlán.

La reserva es una región rica en fauna, flora y árboles de oyamel, ocote, encinos, madroños, tejocotes, capulines, nogales y fresnos, entre otras especies que dan vida a los bosques del Parque Otomí-Mexica, “por ello es importante proteger los bosques, frenar su devastación”, exhortan habitantes.

“El olor a tierra húmeda, el verdor y sentir la frescura de los parajes, daba la certeza de ingresar a una reserva fundamental para la vida, pues juntos forman el ciclo del agua, que abastece ríos, manantiales y corrientes subterráneas”, insisten pobladores de Huixquilucan.

“Ahora da miedo entrar al bosque, porque hay grupos armados que protegen la tala y los aserraderos. De noche escuchamos las cortadoras y el pasar de camiones”, comentan comuneros de Huixquilucan, Jilotzingo, Isidro Fabela y Nicolás Romero, que piden anonimato, pues temen por sus vidas, dado que hombres armados protegen el trasiego de troncos extraídos de cerros.

En Huixquilucan no hace mucho hubo presencia de la Guardia Nacional para proteger los bosques e inhibir el ingreso de rapamontes en los parajes Piedra Grande y San Miguel, narra un residente de la región, quien refiere que ahora se actúa con descaro: camiones cargados de troncos bajan de día y se internan en el municipio de Lerma.

Ambientalistas, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), representaciones de pueblos originarios, comuneros, ejidatarios y poblaciones enteras han levantado la voz en defensa del Parque Otomí-Mexica durante más de dos décadas.

Integrantes de la Unión de Pueblos Originarios, Comunales y Ejidales del Gran Bosque de Agua exponen que hace un año residentes del municipio de Ocuilan bloquearon la carretera Santiago-Chalma para exigir a autoridades federales y estatales la presencia de la Guardia Nacional con el fin de que detenga la tala en zonas mexiquenses limítrofes con Morelos.

La Jornada documentó el bloqueo carretero instalado el 6 de junio de 2022. Arnulfo Gómez, presidente del comisariado de bienes comunales de San Juan Atzingo, dio a conocer entonces que talamontes devastaron más de 5 mil de las 12 mil hectáreas de bosque que tenía ese municipio.

En Huixquilucan, alertan por la tala en una franja que va del cerro San Miguel hacia la zona de antenas de telecomunicaciones y los límites del parque nacional La Marquesa, como Loma Chiqueros, Mesa Grande, Mesa El Ocotal, Loma del Caballete y Mesa de Polvo, entre otros.

Comuneros de Huixquilucan refieren que invasores se apropian de tierras con el argumento de haber comprado lotes, colocan malla ciclónica, talan árboles y toman control de terrenos que por ley, al ser comunales, no son sujetos de venta si no es por acuerdo de una asamblea promovida por el comisariado de bienes comunales.

En Jilotzingo, ambientalistas exigen eliminar el proyecto de construcción del desarrollo residencial de Bosque Diamante, donde se prevé derribar más de 200 mil árboles de encino en una superficie de 223 hectáreas ricas en manantiales, riachuelos y escurrimientos subterráneos de agua, que forman parte del corredor natural.

En Atizapán de Zaragoza, colectivos e investigadores de la UNAM y del IPN exigen frenar desarrollos inmobiliarios y la tala del área que identifican como parte del Bosque de Agua, pues los escurrimientos de manantiales y ríos llegan a la presa Madín, que abastece de agua a Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza.

Ambientalistas exigen que intervengan la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, al igual que el gobierno estatal y los municipios involucrados, para que se impida la tala ilegal del Bosque de Agua, que ofrece líquido a más de 25 millones de habitantes de la Ciudad de México, así como de los estados de México y Morelos.

“La tierra se está secando, ya no veo las aves de antes, ya no veo el correcaminos. Por la tala los cacomixtles bajan a las zonas urbanas y no se les ve mucho en el monte”, insisten habitantes de pueblos originarios. “El monte da agua, aloja vida silvestre y es atractivo turístico; todo eso se debe proteger”, reiteran.