Guadalajara, Jal. Un grupo de sujetos enviados por el gobernador Enrique Alfaro y el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, quitaron, cerca de la medianoche del lunes, el antimonumento 5J, instalado horas antes por diversos colectivos como recordatorio de la represión policial ordenada en junio de 2020 contra manifestantes molestos por la muerte del albañil Giovanni López, a causa de la golpiza que le dieron agentes que lo arrestaron por no usar cubrebocas.

“No hay polémica. Claro que la retiraron el gobierno del estado y el gobierno municipal de Guadalajara, los dos. Está prohibido poner eso. Yo hablé en la mañana con el presidente Lemus con toda claridad; es una decisión de los dos y es una decisión que sostenemos y vamos a mantener en todo caso”, advirtió el mandatario.

Pidió imaginar que “cualquier persona llega y pone un monumento en el centro. Eso no funciona así, qué absurdo es eso (…) El centro histórico está regulado por ley. Cada escultura, cada cosa que se pone debe tener una autorización hasta del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)”.

Contrario a lo dicho por Alfaro, la delegada del INAH en Jalisco, Alicia García Vázquez, dijo que no es necesario un permiso del instituto porque la estructura no daña el entorno arquitectónico patrimonial, ni siquiera de forma visual, además de que puede moverse de ser necesario y, destacó, representa una demanda social.

“El INAH no sólo se encarga de proteger y conservar monumentos históricos; trabajamos con personas y con sus manifestaciones culturales y sociales, entre ellas los movimientos y sus representaciones. Creo que debemos ser sensibles a estos temas”, refirió en entrevista con La Jornada.

Recordó que en el centro histórico hay otras estructuras colocadas tanto por el ayuntamiento como por el gobierno estatal que tampoco han requerido de la autorización del organismo federal, entre ellas el tótem Guadalajara, Guadalajara, en plaza Liberación, donde muchos turistas van a tomarse fotografías,

“En el caso del antimonumento y la antimonumenta que está a un lado (colocada en 2020), que como antropóloga y mujer apoyo porque es a favor de los derechos de las mujeres, no estamos hablando de esculturas para decorar. Son una representación social para visibilizar el sentir de las personas”, destacó.

Organismos civiles repudiaron la acción del gobernador y el alcalde, ambos del partido Movimiento Ciudadano, y la calificaron de revictimización de las casi 100 personas que hace tres años fueron privadas de la libertad por agentes de la fiscalía y policías estatales.

Relataron que el 5 de junio de 2020, agentes vestidos de civiles, de forma indiscriminada, subieron a la fuerza en camionetas sin placas a decenas de personas que ellos suponían iban a participar en una de las manifestaciones por el homicidio de Giovanni López.

Los inconformes fueron ingresados, con los ojos vendados, a las instalaciones de la fiscalía estatal en la zona industrial ubicada al sur de Guadalajara; los amenazaron de muerte y desaparición; algunos fueron golpeados y finalmente los abandonaron en la periferia de la ciudad, luego de ser forzados a entregar sus datos personales.

Por la tarde y noche de ayer, a convocatoria del colectivo 5 de Junio Memoria, integrado por algunas de las personas que sufrieron el denominado “halconazo alfarista”, se realizó una vigilia para exigir la reinstalación de la simbólica estructura de color rojo y unos 300 kilos de peso, mientras eran vigilados por policías de Guadalajara y antimotines del estado.