Ciudad de México. Uno de los problemas que plantea la movilidad en la CDMX es el aumento en el uso de la motocicleta debido al gran negocio que representa su financiamiento, aseguró el Secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, en el contexto de la Reunión Regional para América Latina, organizado por Bloomberg, en el Hotel St. Regis.
Gran parte de esas motos se usan como instrumento de trabajo por medio de aplicaciones digitales; las empresas exigen a los repartidores que cumplan con rapidez sus entregas en contradicción con las normas de seguridad que se aplican para todos los vehículos, incluidas las motos como es no ir a exceso de velocidad, señaló.
De acuerdo con datos que obtuvo este diario de parte de la dependencia durante el foro, el aumento de motocicletas en la CDMX, es cercano a las 50 mil (47 mil 282) al año.
En 2022 el registro de dichas unidades emplacadas en la capital fue de 591 mil 074 y una cifra de 177 mil 322 motos circulaban sin placa; entre un 30 por ciento y un 40 por ciento circulan con permisos apócrifos, agregó.
El Secretario Lajous señaló que “cuando a una persona les dices tienes que entregar rápido para no ser multado por la empresa que te paga pero al mismo tiempo tienes sanciones de la autoridad por ir rápido vives en una contradicción que como decía, López Gatel (en este foro) no es individual es de un sistema que crea un conjunto de presiones y contradicciones sobre los individuos y que no les permite actuar de la firma más favorable para preservar su seguridad y la seguridad de otras personas”.
Por supuesto, agregó, Lajous Loaeza, “cada vez que se habla de la regulación de las aplicaciones; hay todo tipo de respuestas jurídicas y legislativas en donde dicen: no somos una empresa no tenemos trabajadores no nos pueden regular etcétera”.
Una de las medidas que se ha tomado en la CDMX ante el incremento de muertes y lesiones graves que se ha tenido en motocicletas, lo que no ha ocurrido en otros modos de transporte, es la educación que para el caso específico de las motocicletas consistió en implementar una licencia, cuya obtención “requiere de una evaluación previa para poder conducirla”.