Ciudad de México. La implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, corre el riesgo de colapsar ante la falta de recursos presupuestales, alertó el presidente Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), Rafael Guerra Álvarez.

En una reunión con integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a la que asistieron 25 titulares de los órganos locales, estimó que se requieren 56 mil millones de pesos para las 32 entidades en los próximos cuatro años.

Señaló que, en comparación con la implementación del sistema procesal penal acusatorio, “ahora los poderes judiciales locales se tiene la mitad del tiempo para ello, pero con un requerimiento del doble o triple de recursos federales”.

El artículo transitorio sexto del CNPCF no prevé partidas presupuestales federales para su implementación y, en cambio, autoriza que sean los congresos locales los que se encarguen de la asignación de los recursos pertinentes.

Dicha disposición es “violatoria del derecho humano de acceso a la justicia y la tutela efectiva, además de atentar contra la autonomía e independencia jurisdiccional, financiera y orgánica de los poderes judiciales”, puntualizó.

Con ello, abundó, “se lesiona la división de poderes en nuestro sistema democrático, en virtud de que impide generar condiciones de igualdad y calidad en todos los tribunales del país para alcanzar con ello un mejor Estado constitucional de derecho”.

El también presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México consideró necesario reformar los artículos transitorios del código y se autoricen los recursos federales y locales suficientes para aplicarlo.

Con su puesta en marcha se desarrollará un sistema de impartición de justicia sustentado en audiencias, para primera y segunda instancia, lo que precisa del aprovechamiento de tecnologías de la información con la que se garantice mayor acceso y calidad en el trámite de procedimientos jurisdiccionales, indicó.

Un poder judicial sólido y fuerte, afirmó, debe contar con los recursos presupuestales, financieros y operativos que garanticen la solución pronta, expedita y digna del conflicto y la paz social, con el fin de establecer condiciones dignas de igualdad y de calidad para prestar sus servicios de impartición de justicia.

Además en el actual esquema previsto para su implementación tampoco se garantiza que los poderes judiciales locales cuenten con los recursos financieros, humanos, de infraestructura y de capacitación, necesarios y suficientes.

Se requerirá asimismo generar capacitación, modificar los sistemas de gestión de trabajo, de salas, de casos y audiencias, así como el desarrollo de trámites que aseguren mayor comunicación entre juzgadores y justiciables.

Los titulares de órganos judiciales locales destacaron que las materias civil y familiar ocupan el grueso de su trabajo, como en el caso de Baja California, donde se radican anualmente en promedio 60 mil expedientes frente a 22 mil de la rama penal.

Consideraron que, esta implementación quedará en un “sueño o en una ilusión”, si no se etiquetan los recursos federales necesarios en los ejercicios fiscales de aquí a la fecha de entrada en vigor del citado código, que es de cuatro años.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Erasmo González Robledo, ofreció un diálogo continuo con la Conatrib para garantizar la correcta implementación del CNPCF; mientras, diputados abrieron la posibilidad de gestionar encuentros con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.