El 2 de junio la oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) solicitó a México consultas para un panel de solución de controversias bajo el capítulo 31 del Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC), respecto de la política hacia el maíz y otros cultivos genéticamente modificados (bit.ly/3qsc2Ix). Con esta acción Estados Unidos escaló un nivel más, el conflicto que ha sostenido con México desde hace más de dos años, a raíz del primer decreto presidencial sobre maíz transgénico y glifosato, emitido en diciembre de 2020.

La Asociación de Cultivadores de Maíz exigió que la USTR defienda la vida de los granjeros estadunidenses, en tanto 62 congresistas –en su mayoría republicanos– y liderados por los de Nebraska y Minnesota, estados del cinturón maicero– exigieron que solicitara formalmente las consultas para el panel de solución de controversias.

Estados Unidos reclama acciones de México en tres niveles: entre agosto de 2021 y febrero de 2022, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios negó la autorización a 14 eventos transgénicos: la mitad de maíz, cinco de algodón, uno de canola y uno de soya. Esto significa que los productos que contengan esos eventos transgénicos no se pueden exportar a México, ni comercializarse en el país. Esta es la medida más difícil de justificar en el marco del T-MEC, a pesar que esos eventos transgénicos no hayan impedido las exportaciones estadunidenses y muy probablemente se encuentren en el mercado debido a la falta de capacidad institucional para analizar la calidad de los embarques que llegan al país. Pero tanto la USTR como la Secretaría de Economía (SE) –bit.ly/43mprjQ– aclararon que durante este año, siete de los 14 eventos transgénicos prohibidos inicialmente fueron aprobados: dos de maíz, cuatro de algodón y uno de canola.

Dos: Estados Unidos se queja de que México en el decreto del 13 de febrero de 2023 (bit.ly/43ITvFU) prohibió el uso de maíz transgénico para la elaboración de tortillas y masa para consumo humano. La SE anticipó como argumento de defensa que tradicionalmente la industria de la masa y la tortilla usan maíz blanco mexicano, que se produce en volúmenes excedentarios, por lo que esta medida no afecta las exportaciones de Estados Unidos. Los tratados de libre comercio, por su naturaleza, limitan la soberanía de los países, pero en este caso si la población mexicana decide que no quiere consumir transgénicos por cualquier motivo, y el gobierno emite una regla para definir la calidad de las tortillas, que no discrimina entre producción nacional o importaciones, México no tendría siquiera que justificar los daños a la salud como razón. Es una medida interna. Una cuestión aparte es que aunque la prohibición exista, es muy probable que tortillas y masa sigan conteniendo maíz genéticamente modificado, pues no existe la capacidad institucional de monitorear la calidad de estos productos.

Tres: el país vecino finalmente desaprueba que en el decreto de 2023 el gobierno se proponga la sustitución gradual del maíz transgénico, por maíz convencional en los alimentos procesados y en los piensos para animales, aunque no estipule ningún mecanismo ni fecha para ello. Esta propuesta es una intención a futuro, que no ha limitado de ninguna manera las exportaciones estadunidenses.

México es el segundo mercado para el maíz que es el principal producto ­agrícola del vecino del norte, que no quiere tener limitaciones. Así sus reclamos se han centrado en el Capítulo 9 del T-MEC, referido a medidas sanitarias y fitosanitarias, a partir del cual exige a México que sus políticas y análisis de riesgo hacia los productos biotecnológicos estén basados en ciencia. Aunque existen decenas de estudios que demuestran los daños a la salud que pueden ocasionar los alimentos transgénicos y los herbicidas a ellos asociados, el consenso científico a escala internacional está comprado por las corporaciones biotecnológicas y tratar de desmontarlo resulta una tarea titánica para un país como el nuestro. Así, una vez allanada la primera reclamación, México no tendría nada que demostrar en este terreno.

Los argumentos que se centran en la autosuficiencia alimentaria, o en la existencia o aumento de producción nacional tampoco tienen validez frente al libre mercado. Con las fronteras abiertas como lo exige el T-MEC las empresas pueden comprar su abasto de maíz y cualquier otro producto donde mejor les convenga, por precio, subsidios, crédito, etcétera. Así, ya que México no puede obstaculizar las importaciones, tiene que apoyar a los productores nacionales para que puedan competir en el mercado abierto. Las empresas no importan por falta de producción nacional, lo hacen porque es más rentable para sus negocios.

Todas las prohibiciones que reclama Estados Unidos no han resultado en una disminución de sus exportaciones de maíz, soya o canola a México, sino que, por el contrario, las importaciones mexicanas de granos han continuado en niveles crecientes o muy altos.

*Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano