Nadie duda que vivimos una etapa de cambios profundos; un movimiento que logró algo que parecía imposible, llegó al poder por la vía del sufragio, sin derramamiento de sangre, sin ni siquiera un vidrio roto; a fuerza de votos, derrotó al régimen corrupto que parecía invencible y no ha titubeado en llevar a la práctica el programa que le sirvió de base en su campaña. Es un gobierno que no se durmió en sus laureles, ha trabajado: programas sociales, obra pública, nuevo estilo en las relaciones internacionales, en especial con el vecino del norte y algo mejor: todos los días el Presidente sale a explicar lo que está haciendo, da la palabra a sus colaboradores, responde preguntas, explica sus puntos de vista, contesta y se defiende de los ataques de sus críticos.

La democracia radica en que la diferencia de opiniones se dirime en las urnas, en los debates en el Congreso y en polémicas entre ciudadanos, también en los medios de comunicación. Mi percepción es que el triunfo de la Cuarta Transformación (4T) fue tan contundente, que la oposición, anonadada, ha reducido su actividad a reclamar y criticar sin presentar propuestas alternativas: “si López dice sí, tú di no; si López dice no, tú di sí”. Prueba de esto es que antiguos rivales como los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional y otros institutos políticos menores, olvidando diferencias doctrinales, optan por aliarse para oponer a la Cuarta Transformación, apenas algunas candidaturas, pero pocas ­propuestas.

Su interés se reduce a estorbar y poner obstáculos a lo que el gobierno lleva a cabo y, lamentablemente, en este empeño, los que no hacen nada o los que hicieron poco cuando tuvieron el poder, se plantean como única meta de su actuar político, entorpecer, manchar, señalar defectos y para ello emplean todo lo que está a su alcance.

En este afán y con muchos recursos económicos para ello, han emprendido desde hace algún tiempo, una campaña que han llamado “litigio estratégico”; consiste en interponer recursos legales al alcance de los ciudadanos, a los que tienen pleno derecho, pero desvirtuando la finalidad para la que fueron creadas las instituciones jurídicas. En especial emplean el juicio de amparo; ahora usado para poner trabas al gobierno y para detener la obra pública mediante suspensiones provisionales o definitivas que los jueces y magistrados otorgan de acuerdo con sus funciones y aplicando sus criterios.

El amparo es una institución mexicana, del siglo XIX para dotar a los ciudadanos de una defensa efectiva ante el abuso de la autoridad; eran los primeros años de la República, el nuevo estado soberano había salido triunfador de la guerra de Independencia y caciques locales y nacionales se enfrentaban unos con otros para adueñarse del poder.

Tiempos del gobierno de Santa Anna. Corría el año 1841, cuando el jurista Manuel Crescencio Rejón propuso incluir en la Constitución del estado de Yucatán una institución imaginativa y novedosa, para “amparar en el goce de sus derechos a los que pidan su protección contra leyes o decretos o providencias del gobernador cuando en ellas se hubiere infringido el código fundamental, limitándose en ambos casos a reparar el agravio en la parte que proceda”.

En 1846 el mismo Rejón, secundado por Mariano Otero, lograron que la nueva institución se incorporara al documento ley, llamado Actas de reformas de 1847. “Los tribunales de la Federación debían de amparar a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que les conceda la Constitución, contra todo ataque de los poderes Legislativo o Ejecutivo, limitándose a impartir tal protección al caso particular sobre el que verse el proceso, sin hacer declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.”

El amparo se incorporó poco después a la Constitución liberal de 1857 y ya en el siglo XX, también a la Constitución surgida de la Revolución Mexicana, la de 1917; por años, abogados y jueces emplearon este juicio orgullo del derecho mexicano, con la intención de “amparar” a los ciudadanos de los abusos del poder. Lamentablemente, en alguna ocasión se dio al amparo un uso de carácter político, para frenar reformas, una de ellas la del reparto agrario; era el gobierno de Miguel Alemán, los terratenientes lograron revertir el reparto de tierras a los campesinos, como se registró en la historia de ese gobierno, paradigma de corrupción y retroceso, conocido por ser el que frenó los avances logrados en materia de justicia social.

Actualmente, quienes se resisten a los cambios, en su afán de frenar programas positivos, han vuelto a usar el amparo, no para defender derechos y garantías, sino como un ariete para golpear al gobierno, cientos de amparos se opusieron al programa ordenado y eficaz de la vacunación contra el covid; otros contra el nuevo aeropuerto y más en contra del Tren Maya. Lamentable que una institución creada con el fin de garantizar justicia, se emplee como arma de ataque político.