Millones de mujeres y niñas de todo Estados Unidos han sufrido un alarmante deterioro del acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva, tras la decisión de la Suprema Corte de justicia de anular el derecho constitucional al aborto en junio de 2022, afirmaron expertos independientes en derechos designados por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas.

Desde principios de año, el aborto ha sido prohibido en 14 estados del país, y las consecuencias de la decisión de la Suprema Corte han repercutido en todo el sistema legal y político, señalaron en un comunicado entregado este fin de semana.

Tras calificar de “regresivo” el fallo del máximo tribunal que “desmanteló esencialmente 50 años de precedentes que protegían el derecho al aborto en el país”, indicaron que esa decisión histórica, que anula la sentencia Roe vs Wade de 1973, viola el derecho internacional de los derechos fundamentales.

Indicaron que las prohibiciones han hecho que los servicios de aborto sean en gran medida inaccesibles y han negado a mujeres y niñas sus derechos humanos fundamentales a una atención integral de la salud, incluida la sexual y reproductiva, indicó la ONU en su página web.

Agregaron que esto podría dar lugar a violaciones de los derechos de las mujeres a la intimidad, la integridad y la autonomía corporales, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencias, la igualdad y la no discriminación y el derecho a no sufrir tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes y violencia de género, explicaron.

“Las mujeres y niñas en situaciones desfavorecidas se ven afectadas de forma desproporcionada por estas prohibiciones”, afirmaron los expertos, al referirse a mujeres y niñas de comunidades marginadas, minorías raciales y étnicas, migrantes, con discapacidad, o que viven con bajos ingresos, en relaciones abusivas o en zonas rurales.

Advirtieron que el fallo también tenía un “efecto amedrentador sobre los médicos y el personal sanitario”, que podrían enfrentarse a consecuencias legales por sus decisiones asistenciales, incluidas las relativas a abortos médicamente necesarios o que salvan vidas, o a la extracción de tejido fetal de mujeres con abortos incompletos.

Y manifestaron que están “especialmente alarmados por las crecientes denuncias de amenazas contra la vida de prestadores de servicios de aborto en todo el país”.