Usuarios de la biblioteca de posgrados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) se pronunciaron en contra de lo que consideran el “desmantelamiento” del recinto.

El pasado 1 de junio, autoridades de la casa de estudios aseguraron que con la actual reubicación del material resguardado en la biblioteca se busca restructurar áreas del Centro de Información en Investigación y Posgrado (CIIP).

En respuesta, en un comunicado firmado por “la comunidad universitaria del CIIP”, se aseguró que autoridades de la UASLP “quieren privatizar el espacio”.

Alumnos consultados señalaron que en abril pasado, la UASLP anunció que crearía “una incubadora de negocios” en el primero y el segundo piso de la biblioteca, que usan organismos privados, “no participan profesores, investigadores, ni estudiantes” de la institución.

Apuntaron que “la propia Facultad de Contaduría y Administración, que se supondría la ideal para llevar a cabo estas acciones de incubación de negocios, no participa. (…) Sus profesores también se están organizando para recuperar el espacio de esta privatización velada”.

En el boletín, los inconformes acotaron que el viernes anterior, la UASLP informó que “el CIIP no será privatizado, ‘sino que se enfocará en fortalecer las actividades de vinculación social y emprendimiento’”.

Afirmaron que “la biblioteca presta un servicio indispensable a la comunidad universitaria y a la sociedad en general; es un espacio de intercambio de ideas, de estudio y de investigación; no es un almacén de libros”.

Abundaron que según la autoridad universitaria, los libros serán distribuidos “en los diversos edificios de posgrado, por lo tanto, admite que no se trata de una reubicación, sino de un desmantelamiento”.

Advirtieron que “de concretarse esta acción, la UASLP incumpliría compromisos con el Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías, pues los posgrados que utilizan el CIIP son parte del Sistema Nacional de Posgrado”.

Así, exigieron que “la biblioteca se mantenga en el espacio físico en el que se encuentra actualmente”, “que en las decisiones sustanciales que afecten el funcionamiento del CIIP”, se privilegien los intereses y derechos de la comunidad universitaria.

Además, respeto a los derechos de docentes, trabajadores y estudiantes “que desarrollan sus actividades laborales y académicas en el CIIP”, y que “la autoridad universitaria no confunda a la opinión pública justificando como actividades de vinculación social, el uso de los espacios públicos para fines privados”.