Monterrey, NL., La paz laboral que prevalece en Nuevo León desde hace 24 años sin paros ni huelgas, presumida por las autoridades locales, quedó en entredicho con la falta del pago justo de utilidades en la empresa estadunidense Polaris, que ha despedido a unos 400 trabajadores inconformes, liquidándolos con 50 por ciento de lo que por ley les corresponde, dio a conocer el colectivo Fuerza Obrera, apoyado por medio centenar de organizaciones defensoras de los derechos humanos y laborales.

El organismo considera que Polaris está coludida con el sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que lejos de apoyar a los empleados, los hostiga e intimida. En tanto, la Secretaría del Trabajo local y la Comisión Estatal de Derechos Humanos han sido omisas ante estas transgresiones.

El abogado Sebastián Banda convalece de una golpiza que le propinaron cetemistas, dio a conocer Brenda T., integrante de Fuerza Obrera, quien precisó que el problema en la compañía comenzó el 10 de mayo anterior, con un paro para reclamar el pago de utilidades.

El pasado 22 de mayo, miembros de varios colectivos hicieron acompañamiento a trabajadores de Polaris que fueron citados en las instalaciones de la CTM en Monterrey para liquidarlos, y fueron agredidos fuera del edificio, donde afiliados a la central obrera arrebataron las pancartas a los obreros.

A continuación, Polaris, fabricante de vehículos todo terreno y cuatrimotos, con plantas en Apodaca y Pesquería, empezó a despedir empleados.

Colusión y falta de asesoría del sindicato

David Leal, representante legal de la planta de Pesquería, y el director general de esa instalación, Víctor Estrada, informaron a obreros que se les despidió por participar en el paro, y que fuera de la compañía los esperaban camiones para trasladarlos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).

Una vez en la JLCA, empleados reportaron que la empresa buscaba liquidarlos con menos de la mitad de cuanto les correspondía, lo que se agravó pues muchos de ellos no contaban con contratos formales, e incluso estaban dados de alta en otra empresa, informó la Red de Trabajadoras y Trabajadores por los Derechos y la Salud.

Representantes de esta organización se ofrecieron a brindar asesoría legal a los despedidos, al tiempo que Polaris envió personas a las instalaciones de la JLCA para intimidar a los trabajadores, y a quienes buscaban asesorarlos.

Intimidación policiaca

Diversas fuentes reportaron que dos colaboradores de Fuerza Obrera fueron atacados con piedras por sujetos que los interceptaron en un vehículo, y que un abogado de la organización civil, Sebastián Banda, fue víctima de una golpiza propinada por personas supuestamente vinculadas a la CTM, todo con el completo conocimiento de Polaris.

En un comunicado, la red aseguró que elementos de Fuerza Civil “acompañaron” las negociaciones con los trabajadores echados, y que un grupo de uniformados, fuertemente armados, se apostó cerca de los huelguistas.

“Desde el colectivo Fuerza Obrera expresamos nuestra solidaridad inquebrantable con los trabajadores de Polaris en México y con todos aquellos que luchan por condiciones laborales justas y dignas en todo el mundo”, se apuntó en el boletín.

Los trabajadores cesados, tras el nulo pago de sus utilidades y despidos injustificados, exigen que se les reinstale. Sostuvieron que sus ex jefes los acusan de abandonar sus labores, aunque en realidad se les ha impedido ingresar a sus sitios de trabajo.

Los inconformes exigen sus utilidades completas y reinstalación en sus puestos. Advirtieron que no obstante el contubernio entre la empresa y el sindicato cetemista continuarán la lucha legítima por sus derechos, y para que no se siente un precedente.