Las comunidades políticas, también llamadas polis desde la mirada aristotélica, son conjuntos de personas agrupadas por una causa colectiva para la búsqueda del bien común. Esto implica una organización social y popular que puede derivar en un gobierno democrático representativo o en un movimiento social amplio con demandas articuladas. Ha sido en la búsqueda de este bien común que los movimientos sociales en México encontraron resonancia en las promesas de campaña del actual representante del Ejecutivo Federal. Desde 2006, éste fue conformando un apoyo social, político y de base, quienes acompañaron sus diversas postulaciones a la candidatura presidencial, siendo un elemento primordial decisivo para materializar un gobierno de izquierda popular en 2018.
Sin embargo, este carácter popular pareciera desvanecerse en esta última etapa de su periodo mediante acciones legislativas, políticas y discursivas que atentan contra la sociedad civil organizada y, aún más preocupante, contra la democracia popular. Según el reporte de Democracy Index 2022, México ha disminuido su condición democrática transformándose en un régimen híbrido, es decir, una gobernanza con índoles autoritarias y democráticas dependiendo del ámbito y problema público. Esto, a causa de las reformas legislativas en oposición a las dependencias electorales, la debilidad institucional para garantizar el ejercicio de derechos humanos a través de sus dependencias particulares, así como el incremento de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública (https://cutt.ly/owq5vZNZ).
La legitimidad popular emitida hacia el gobierno federal desde las comunidades políticas de base representaba una esperanza para la transformación de las realidades jurídicas, sociales y educativas, siempre caminando a lado de las víctimas y colectividades históricamente discriminadas. Precisamente, han sido los derechos humanos de estos sectores, los que se han colocado en una situación de vulnerabilidad a través de mecanismos de simulación participativa, recorte de presupuestos, programas asistencialistas, desmantelamiento de instituciones autónomas garantes de derechos humanos y, en particular, señalamientos a quienes defienden y protegen la dignidad humana, poniendo en riesgo sus vidas mismas. Por ello, es importante reflexionar que las críticas hacia organismos y organizaciones acompañantes de luchas de resistencia no sólo son señalamientos personales, sino una deslegitimación hacia las causas justas y los caminos transitados por las víctimas y colectividades discriminadas en nuestro país. Sin la participación política activa y sustantiva desde la sociedad civil organizada, la democracia estaría perdiendo su esencia plural y compartida en la construcción de condiciones de vidas dignas para los pueblos. Es la naturaleza de la democracia popular y representativa garantizar la escucha y la participación política de los movimientos mediante el fortalecimiento de la autonomía de organismos garantes, así como el fomento de mecanismos plurales y de diálogo en donde las necesidades de las víctimas y los grupos históricamente en situación de vulnerabilidad, sean una oportunidad de transformación verdadera para las comunidades. A pesar de esto, nuestro gobierno continúa en una negativa a reconocer la existencia de una crisis civilizatoria y de derechos humanos que perjudica al pueblo, aun cuando fueron al menos 13 las y los periodistas asesinados en 2022; aun cuando continúa el hostigamiento a personas defensoras de la tierra y el territorio y a comunidades que se han pronunciado en contra de megaproyectos; aun cuando las desapariciones en el país siguen rompiendo los tejidos sociales y la violencia de género sigue aumentando ante la ausencia de un estado de derecho. Por ende, ¿cuál es la cercanía de un gobierno de izquierda con los pueblos, y su congruencia, cuando ataca y espía a quienes prometió ser un aliado para reparar las injusticias de las administraciones pasadas?
¿Cómo es que el Estado continúa siendo comunidad política y representativa de los pueblos, y no un aparato estatal que perpetúa la impunidad, la simulación y la autocracia? ¿Cuál tendría que ser la ruta para que gobiernos de izquierda popular posteriores recuperen el vínculo con los pueblos, en el sentido de verdaderamente poner en el centro a quienes a través del tiempo han sido víctimas del olvido, la violencia y la discriminación? Por tanto, es indispensable reintegrarnos como polis con agendas diversas, pero con el horizonte común centrado en la dignidad humana, equitativa y libre de violencia. Debe ser nuestro compromiso político impulsarnos como comunidad social y colectiva para recuperar el carácter representativo y popular de los espacios y narrativas que nos han sido arrebatas. Y sobre todo, reivindicar la comunidad política gestada en los movimientos y organizaciones sociales y de base para que las y los futuros gobernantes antepongan el interés común sobre los particulares hegemónicos.
