“La historia de la prensa en México es la historia de la censura”, escribió en 2003 Carlos Monsiváis en un libro brillante, salvo por su título: Tiempo de saber. Es la historia de un modelo de control, que pasó de sobornar a los medios de comunicación a incorporar a sus dueños a la élite económica. Corrió, también, del “si no lo publicamos no existe” al “si no pago por los elogios, no los siento sinceros”. Pero, si de 1940 a 1988, la idea era ajustarse a lo aceptable según el Presidente, la jerarquía católica y el Partido, a partir de Carlos Salinas de Gortari y hasta la fecha, la idea es formar parte de un país habitado sólo por una minoría que se considera “moderna” y “global”. Si en el periodo de la “libertad condicionada”, el periodismo era el desciframiento del carácter, intenciones y planes del Presidente en turno, en el del consenso neoliberal los medios habían dejado de ser “soldados del Partido” a formar parte de la élite privilegiada, representada por un señor bien vestido que viajaba en un avión estrafalario y que otorgaba concesiones y contratos como signo de pertenencia a una élite que se lamentaba sólo de haber nacido en México.
Digo esto porque la censura ronda en estos días disfrazada de acatar la ley. La denuncia que una periodista, Teresa Montaño Delgado, presentó en las páginas de The Guardian en días pasados, fue censurada por los propios medios de comunicación mexicanos. Al día siguiente de que revelara el desfalco de 5 mil millones de pesos en el actual gobierno del estado de México, perpetrado por la candidata del PRIAN y de su actual equipo de campaña, los diarios mexicanos, salvo la honrosa excepción de La Jornada, tuvieron las siguientes noticias destacadas en primera plana: “Morena se queda 156 mdp gracias al plan B” ( Excélsior); “El Conacyt consiente a empresas hermanas” ( El Universal); “Crecen 600% amparos por falta de medicinas” ( Reforma); “Paran obreros de contratista del Tren Maya” ( El Sol de México); “Rechazan extra para nombrar comisionados del INAI” ( El Heraldo). Y, no obstante que la periodista, además, reveló que fue secuestrada para evitar que realizara su trabajo de investigación, ninguna de las organizaciones que protegen derechos humanos o periodistas dijo algo. El caso de la corrupción en el estado de México, 40 licitaciones con un solo postor fueron entregadas a empresas que no existen, ubicadas, según los contratos, en domicilios ficticios, alejadas del estado de México.
Así, detalla el reportaje, se compró esmalte de uña en Nuevo León, sillas en Querétaro o servicios de limpieza en Tamaulipas. Se desviaron, y no se sabe a dónde, 5 mil millones de pesos del presupuesto de Desarrollo Social (la dependencia de la que brincó Alejandra del Moral a la candidatura prianista) y del Trabajo. Por esta investigación, la periodista fue secuestrada, amenazada, y despojada de los documentos de su investigación, que reconstruyó desde el exilio.
Pero la enorme mayoría de los medios no publicaron nada, justificando la censura en “la veda electoral”. La ley establece que no se puede transmitir propaganda en radio y televisión, ni inserciones pagadas en prensa, ni encuestas o sondeos. Nada dice de publicar una denuncia contra una funcionaria del gobierno actual del estado de México por el desfalco de 5 mil millones. Que ella misma sea la candidata del PRIAN y PRD al gobierno estatal, habla menos de las elecciones que del financiamiento de éstas. Es de interés público. Pero los medios decidieron autocensurarse para no perjudicar a la candidata que canceló ese día su cierre de campaña en Tlalnepantla y varias entrevistas que sintió que no estarían bajo su entero control. Imperó la regla de otros tiempos ya idos: “Si no lo publicas, no existe”.
El otro hecho en el que ronda la censura es la intención de una jueza, Celina Quintero Rico, de definir ella misma cuándo y para qué se convoca a un periodo extraordinario de los senadores de la República. Les dio tres días para convocar, ponerse de acuerdo, y votar a un comisionado del INAI. Es decir, la jueza les ordenó cuándo reunirse y qué decidir a nuestros representantes en el Senado. Ordenó el consenso. Como se negaron, los amenazó con multarlos y, luego, destituirlos. Esa aberración –imagine la mayoría de Morena, PT y Verde destituidos por una jueza– sólo es comparable a la que, ya firmada y entregada, retiró el líder de Acción Nacional en el Senado, Julen Rementería, que pretendía que la Suprema Corte destituyera y encarcelara al presidente López Obrador por “desacato”. Lo de la jueza censura la opinión que los miembros del Congreso de la Unión tienen de lo que es “urgente”, es decir, de lo que amerita un periodo extraordinario de sesiones, cuando hay otros 73 nombramientos pendientes que podrían ser considerados “prioritarios”.
Sabemos que, aunque parezca aplicación “estricta” de la ley, en realidad sirve a un propósito de los partidos del bloque patrocinado por Claudio X. González: frenar las obras de infraestructura del sexenio. Si el INAI vuelve a inconformarse con el acuerdo de que se consideren de seguridad nacional, si la Suprema Corte vuelve a “inferir” y “sin ingenuidad” que seguridad nacional equivale a reservarse la información y no a la zona geográfica donde se construyen y el volumen de empleos que ahí generan, entonces pueden sostener que el Presidente “desacató” una orden judicial, idéntico argumento al que sostuvieron los tres poderes de la Unión en contra del entonces jefe de Gobierno de la capital, en 2005. Pero les falta un comisionado en el INAI para sesionar y, por eso, las prisas de la jueza.
No tocar, no decir y menos hacer –porque es “destruir”–, no decidir, resaltan el miedo de las élites económicas, mediáticas y judiciales, a las transformaciones. Frenar sería, hasta la fecha, su más grande propuesta.
