Bogotá. Laura Sarabia, la jefa de gabinete del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el embajador en Venezuela, Armando Benedetti, salieron ayer del gobierno en un escándalo por posible abuso de poder que incluyó prueba de polígrafo a la ahora ex niñera de la funcionaria, Ma-relbys Meza, e interceptación ilegal de comunicaciones.

“Mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada, y el embajador de Venezuela se retiran del gobierno para que desde el poder que implica esos cargos no se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se va a alterar procesos de investigación que no nos corresponden a nosotros”, declaró Petro en una ceremonia de ascenso de oficiales del ejército.

Sarabia, una de las personas más cercanas al mandatario, denunció a finales de enero pasado la pérdida de 4 mil dólares en su apartamento en el norte de Bogotá, de acuerdo con informes de la fiscalía general sobre el caso.

Después de la denuncia, la persona encargada de cuidar al hijo de la funcionaria fue trasladada a los sótanos de la sede de la presidencia y sometida a un interrogatorio con polígrafo, al tiempo que con justificaciones falsas la policía interceptó las líneas telefónicas de la niñera y de otra empleada encargada de los servicios domésticos en el apartamento de Sarabia que daban indicios de vínculos con narcotraficantes, detallan los documentos.

Al escándalo se sumó Benedetti, poderoso político que apoyó en campaña a Petro, debido a que él y la ex jefa de gabinete compartían la misma niñera, y ahora ambos se acusan el uno al otro de conspiración por la filtración a los medios de comunicación del caso. Marelbys Meza, la niñera, negó en una entrevista con una revista su participación en cualquier delito.

“Este gobierno no ha ordenado una sola interceptación ni a ilustres funcionarios ni a personas humildes”, añadió Petro durante la ceremonia militar.

El fiscal general Francisco Barbosa indicó antier que en las pesquisas preliminares se estableció que las líneas telefónicas de dos ex trabajadoras de la jefa de gabinete fueron interceptadas ilegalmente para establecer si tenían conocimiento sobre el dinero presuntamente extraviado.

Aseguró que en los próximos días se llamarán a interrogatorio con defensor y en algunos casos a imputación a los implicados en el supuesto hurto, en el interrogatorio con polígrafo a la niñera y en la interceptación ilegal de las comunicaciones, que calificó de un acto “grotesco”. “Las chuzadas, las interceptaciones ilegales, han retornado a Colombia”, agregó.

Sarabia tuiteó que estará “presta a rendir todas las explicaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos, y lucharé profundamente por defender mi reputación, mi buen nombre de todas las acciones malintencionadas que han rodeado estos episodios”.

Benedetti, por su parte, oficializó su “renuncia” en un boletín y agradeció haber hecho parte del restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela, rotas desde 2019.

Las escuchas ilegales han marcado la historia de Colombia en medio del prolongado conflicto armado y Petro, junto con algunos de sus ministros, fueron sus víctimas.

Antes de ocupar sus actuales cargos en agosto pasado, el presidente y el ministro de Defensa fueron reconocidos como víctimas de las llamadas “chuzadas” del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), disuelto en 2011.

“Este gobierno respeta los derechos humanos, no intercepta ilegalmente comunicaciones de magistrados, de jueces, de periodistas, de opositores”, respondió el mandatario a los señalamientos del fiscal general, a quien acusó de incitar a los comandantes de las fuerzas armadas para que lo desobedezcan. “Aquí no puede quedar ni mancha ni duda siquiera de que este gobierno va a repetir las suciedades que otros hicieron”, aseguró.

En otro orden, el gobierno de Petro y las bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, el terreno que durante años estuvo bajo el poder del extinto capo del narcotráfico Pablo Escobar, instalarán el viernes una mesa de negociaciones de paz.