Guadalajara, Jal. El gobierno de Jalisco mantiene “comunicación” con autoridades de Estados Unidos en el caso de los ocho jóvenes desaparecidos que trabajaban en un supuesto centro de atención telefónica en Zapopan, de los cuales al menos cinco han sido preidentificados de entre medio centenar de bolsas con restos humanos extraídas del fondo de una barranca ubicada al norte de dicho municipio.

“Hay cooperación con el gobierno federal al tratarse de un asunto que involucra a la delincuencia organizada, y también con autoridades de Estados Unidos, pues es un tema que tiene que ver con investigaciones que se realizan allá”, dijo ayer el gobernador emecista Enrique Alfaro.

El mandatario precisó que el intercambio de información (de la cual no dio detalles) con autoridades del vecino país se da porque “es evidente que el caso involucra a la delincuencia organizada” y hay ciudadanos estadunidenses que, al parecer, han sido víctimas de extorsión y fraudes inmobiliarios. Luego señaló que evitaría ahondar en ello, “por respeto a las familias” de los ausentes.

Desde hace cuatro días Alfaro ya había afirmado que la “empresa” donde prestaban sus servicios los muchachos no era un centro de atención telefónica y todos los indicios apuntaban a que era “un centro de operaciones de otra naturaleza”.

Delito del ámbito federal

Por lo anterior, indicó el 29 de mayo, se comunicó con la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, ante la posibilidad de que el negocio se relacionara con delitos del ámbito federal, “con temas fiscales”.

Durante los cateos el pasado fin de semana a los dos centros laborales de la supuesta compañía, la fiscalía reportó haber encontrado una bolsa con mariguana, cinchos de plástico, además de restos de sangre en un trozo de tela y en un trapeador.

Entre los documentos y en pizarras había nombres de extranjeros, anotaciones de membresías, fechas de cobranza y hasta “metas económicas”.

Oficina clandestina

También el fin de semana anterior el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, aseguró que no conocía de la existencia de la presunta empresa, porque ésta funcionaba de forma clandestina, sin licencia municipal.

En marzo de este año el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que el cártel Jalisco Nueva Generación incluía entre sus actividades ilícitas estafas a ciudadanos de ese país que habían contratado tiempos compartidos en Puerto Vallarta, reporte que incluyó sanciones a ocho financieras e inmobiliarias presuntamente ligadas al grupo delincuencial.

En abril, la misma dependencia federal estadunidense detalló que sumaban al menos 600 denuncias por un poco más de 40 millones de dólares, obtenidos por empresas radicadas en Puerto Vallarta, en Guadalajara y en la Riviera Nayarit, las cuales incluyó en su lista de sancionadas.

Se movilizan colectivos y parientes de desaparecidos

Las movilizaciones de colectivos y familiares de personas desaparecidas han arreciado en semanas recientes, no sólo en Guadalajara y su área conurbada, sino en otros municipios de Jalisco.

Al mismo tiempo ha aumentado la presencia de agentes antimotines estatales para evitar plantones o cierres de avenidas.

El colectivo Luz de Esperanza se manifestó ayer frente al palacio de gobierno, y ante las vallas metálicas que rodean el edificio, instalaron tiendas de campaña.

El grupo se dirigió después a la avenida Hidalgo, ubicada en las inmediaciones, donde bloquearon dos de los cuatro carriles; policías estatales advirtieron a los inconformes que dejaran la vía libre o los quitarían a la fuerza, por lo que se retiraron del punto “para evitar violencia”.

Más tarde familiares de los ocho desaparecidos de Zapopan caminaron vestidos de blanco, en silencio y portando mantas con las fotografías de sus seres queridos, de la glorieta de la Minerva hacia Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Alfaro.

En el lugar, reprocharon que no han recibido los cuerpos de algunos de sus hijos y que no saben cuándo se los entregarán, además de que siguen sin conocer a detalle la carpeta de investigación. Una tercera marcha se efectuó sobre avenida Vallarta.

Parientes de Sandra Analí Ramírez Hernández, de 33 años, cuyo paradero se desconoce desde el lunes pasado, cuando salió de su casa para ir a trabajar, exigieron que la mujer sea localizada con vida.

Los manifestantes, que el martes pasado fueron desalojados a la fuerza por antimotines estatales, de nueva cuenta hicieron cierres intermitentes; el recorrido estuvo custodiado por vehículos y personal de seguridad de la entidad.